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El presidente de Iberdrola llama “tontos” a los clientes que están en la tarifa regulada de electricidad

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, sorprendió ayer con unas declaraciones durante el acto de presentación de la futura gigafactoría de Volkswagen en Parc Sagunt II, en las que llamo “tontos” a los casi 11 millones de clientes que están acogidos a la tarifa semirregulada de electricidad, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Según dijo Galán literalmente, “solamente los tontos que siguen en la tarifa regulada fijada por el Gobierno pagan ese precio”.

 

Hizo esta afirmación mientras dialogaba con el presidente del Grupo Volkswagen, Herbert Diess, y afirmó, haciendo un inciso, que “el 80 % de los españoles no pagan el precio del pool” y además “pagan menos precio que en 2018 porque han bajado los impuestos”, y luego concluyó con su menosprecio a quienes sigue en la tarifa regulada. Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia afirman que alrededor del 40 % de los contratos en baja tensión están acogidos a la tarifa regulada, entre 10 y 11 millones, en concreto, entre ellos todos aquellos consumidores vulnerables que tienen acceso al bono social.

 

Trasvase de 1,2 millones de contratos entre 2020 y 2021

No obstante, es cierto que en los últimos meses, en España se han ido reduciendo los que Galán considera “tontos”, porque en 2021 fueron más de 1,2 millones menos que en 2020. Para todos ellos, que suba la luz en el mercado mayorista no significa que también se incremente su factura porque esta última depende del precio pactado con su compañía. Sin embargo, la tarifa regulada y denostada por el presidente de Iberdrola ha sido habitualmente la opción más económica en los últimos años, aunque el encarecimiento de los precios desde 2021 ha hecho que las tarifas en mercado libre empezasen a ser más beneficiosas que el PVPC y que haya existido ese trasvase.

No obstante, ahora también podríamos estar abocados al proceso contrario, porque el previsible descenso de precios que se presume tras del acuerdo del Gobierno con Bruselas para que España y Portugal puedan limitar el precio del gas y así reducir el importe de la factura, podría provocar que esos 1,2 millones de clientes que se han pasado al mercado libre, pudieran no beneficiarse de la reducción, precisamente por tener el precio pactado de antemano.