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Tarifas eléctricas

El Gobierno quiere limitar por ley los “beneficios caídos del cielo” a las eléctricas

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El Gobierno quiere limitar por ley los "beneficios caídos del cielo" a las eléctricas

Este martes, la reunión del Consejo de Ministros tiene previsto tratar un anteproyecto de ley del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuyo fin es acabar con los llamados “beneficios caídos del cielo”, que las eléctricas reciben desde hace años. El objetivo final de la medida reside en poder abaratar la factura de la luz, que en lo que lleva de año ha experimentado un crecimiento exponencial, aunque aún tardará en llegar al mercado, porque pasarían antes muchos meses de tramitación en el Parlamento.  

 

La medida impedirá que las eléctricas continúen percibiendo remuneraciones por el sobrecoste de emitir CO2, cuando la producción va a cargo de las centrales nucleares e hidroeléctricas, que son precisamente las no emisoras y que en España son propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy principalmente y también, aunque en menor medida, de EDP y Acciona Energía. Todas ellas se benefician del sistema marginalista, según el cual el precio lo marca la última tecnología que entra en el sistema, la más cara, lo que beneficia a aquellas más económicas, también porque ninguna de ellas paga derechos de emisiones, y que además son mayoría en el pool, puesto que sólo el 9 % de la electricidad que llega al mercado es de origen fósil. Precisamente a esa diferencia que existe entre el precio que cuesta producirla y los ingresos extras es lo que se conoce como “windall profit” o “beneficios caídos del cielo”.

De algún modo, la ley quiere evitar lo que ahora ocurre, que los consumidores pagan el coste de los derechos de emisión no sólo por la energía cuya producción contamina, sino también por aquella otra que no lo hace y que, por lo tanto, no debe pagar dichos derechos.

No obstante, esta iniciativa no acaba totalmente con los ingresos por este concepto, aunque es previsible que repercuta a las eléctricas en alrededor de 1.000 millones de euros, lo que vendría a suponer un ahorro del 5 % en la factura eléctrica al consumidor final. El Gobierno no limitará la sobrerretribución en el caso de las energías renovables, a pesar de que tampoco necesitan comprar derechos de emisión. Lo hace para incentivar a la inversión en renovables hasta que la producción de ésta acapare la práctica totalidad del mercado y se puedan eliminar por completo los beneficios caídos del cielo. Además, la propuesta que ahora se estudia no afectaría a las plantas de producción posteriores a 2005, tampoco a las que se acogen a las subastas y tampoco a las que disponen de retribución regulada.