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Energías renovables

Primera victoria internacional española por las renovables

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En 2019 se conectaron a la red 6.456 megawatios de nueva generación renovable, 6.126 más que un año antes

La Cámara de Arbitraje de Estocolmo ha desestimado la denuncia de inversores holandeses y luxemburgueses contra el recorte a la energía fotovoltaica aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. El tribunal sueco desestima así el primero de los más de veinte expedientes contra España que están abiertos en diferentes cámaras de arbitraje, especialmente en el de arbitraje del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés). Todos ellos se dirigen contra los diferentes decretos que limitan al sector renovable, aunque la mayoría están referidos a la reforma eléctrica del último Gobierno del Partido Popular. Según el Tribunal, los cambios normativos no violaron la expectativa legítima de los inversores al conllevar implícito la posibilidad de que las primas a las renovables variasen durante la vida útil de las plantas, así lo ha anunciado en un comunicado el Ministerio de Industria.

Además, el fallo alega que los inversores hubieran podido prever fácilmente, dada la situación, la posibilidad de cambios del marco regulatorio de haber realizado previamente un análisis exhaustivo del marco jurídico y añade que la tecnología solar era más cara que el resto de energías renovables y crecía de forma proporcionalmente mayor cada año, por lo que su recorte no puede considerarse “arbitrario, irracional ni contrario al interés público”.

La decisión arbitral es un nuevo golpe a los intereses de las empresas e inversores que reclaman compensaciones en España por las rentabilidades no cumplidas, tras los recortes de ambos Gobiernos a los incentivos a las renovables. El Gobierno considera que el laudo supone que “el Tribunal tampoco considera demostrado que las medidas impugnadas sean contrarias al interés público, como pretendían los demandantes”. Afirma también que “las primas liquidadas al sector fotovoltaico eran superiores, en términos absolutos, a las pagadas a las restantes tecnologías renovables e iban creciendo cada año en proporciones importantes, al tiempo que la factura de los consumidores españoles iba aumentando mucho más que la media de la Unión Europea”.