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Conaif y Fenie, ante el Estado de Alarma

El colectivo de empresas instaladoras, representado por Conaif y Fenie, ha vuelto a solicitar al Gobierno que se autorice expresamente que las empresas instaladoras puedan continuar con su actividad durante el Estado de Alarma provocado por el COVID-19. Todo ello después de las medidas anunciadas por el presidente, Pedro Sánchez, este martes. El colectivo de empresas instaladoras se ve muy afectado por la situación de crisis sanitaria y ambas organizaciones, han analizado el impacto ocasionado en su sector, que afecta a más de 35.000 empresas y 250.000 trabajadores, un tejido empresarial formado por empresas, autónomos y pymes, con plantillas de trabajadores que oscilan entre ninguno y, en algunos casos, más de cuarenta o cincuenta trabajadores.

En el Real Decreto, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, en su artículo 17, se indica que: “Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 49 y 101 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos”

En este sentido, previa petición de Fegicat, la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña, desde la Generalitat de Cataluña, se ha adoptado la medida de autorizar a que las empresas instaladoras puedan continuar con su actividad en los casos que los clientes demanden sus servicios por averías o mantenimientos necesarios en las instalaciones, sea cual sea el lugar de trabajo.

«Fenie y Conaif consideran que la autorización que se ha obtenido en Cataluña se debería ampliar al resto de comunidades autónomas»

 

Fenie y Conaif consideran que la autorización que se ha obtenido en Cataluña se debería ampliar al resto de comunidades autónomas y que, de esta forma, las empresas instaladoras puedan continuar ejerciendo su trabajo, que es, entre otras cosas, solucionar problemas en las instalaciones de suministros de los clientes sin tener que correr el riesgo de ser multados o asumiendo situaciones de tensión, añadiendo ésta ya a la situación tan complicada que se está viviendo

La disminución de la actividad que viene derivada de la declaración del Estado de Alarma no implica, sin embargo, que se reduzcan los costes laborales. Además, en determinados casos, las empresas deben mantener su actividad por las obligaciones contractuales contraídas o de las necesidades del cliente en lo relacionado con averías, mantenimientos o finalización de determinadas instalaciones.

Ambas organizaciones ya habían solicitado al Gobierno el desarrollo de “mecanismos útiles y rápidos que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas y a los autónomos, para evitar su quiebra inmediata y que puedan mantener la actividad, protegiendo el empleo”. Entre ellas, otorgar a los servicios de instalación, mantenimiento y reparación la categoría de servicio estratégico para el aseguramiento básico y elemental para la seguridad y salubridad de los ciudadanos, usuarios de instalaciones y procesos industriales o también la suspensión de la cuota de autónomo durante el Estado de Alarma, la eliminación de la cotización de la seguridad social de los empleados de las pymes y micropymes del sector de las instalaciones, la reducción en el pago de impuestos o la aprobación de líneas de financiación a empresas y autónomos.