La industria española “se pelea” por la conveniencia del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico

Las grandes empresas españolas se hallan inmersas en una batalla de intercambio de comunicados en torno a la conveniencia de aprobar o no el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en tramitación ahora mismo en el Parlamento.

Por un lado, las grandes eléctricas, con su patronal Aelec a la cabeza, lideran una iniciativa que se ha plasmado en un manifiesto, por la que expresan “su firme apoyo” para que el citado Fondo “sea finalmente aprobado con carácter de ley en el Parlamento en un horizonte temporal cercano este año 2021”. En el manifiesto se afirma que “la Comisión de Expertos para la Transición Energética, formada por representantes de todo el abanico de partidos políticos y de la academia, ya propuso repartir la financiación de los apoyos a las energías renovables entre todo el consumo energético y abordar una ambiciosa reforma fiscal para que impuestos y cargos de las distintas energías estén alineados con el objetivo de la descarbonización”.

Anteproyecto de Ley que crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico

El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico tiene como triple objetivo, “evitar subidas en el precio de la electricidad; dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita movilizar las inversiones necesarias en los próximos años”. Y en el resumen del Anteproyecto de Ley se añade que “para avanzar en la transición energética es necesario enviar señales de precios adecuadas a inversores y consumidores a través de un nuevo sistema de financiación de los costes regulados acorde a la evolución del mercado y a los objetivos de transición energética, que incentive el paso a tecnologías limpias”.

Aelec coincide en que “los compromisos adquiridos por España en su Plan Integrado de Energía y Clima ante la UE requieren de una profunda transformación en los procesos de producción y consumo de energía, donde las energías renovables y la descarbonización del transporte y del calor y frío cobran especial protagonismo” y cree que el citado Fondo “tendrá un efecto positivo sobre hogares y empresas de servicios, generando importantes ahorros en su factura eléctrica e introduciendo señales progresivas para que los consumidores se electrifiquen, lo que aceleraría la descarbonización de los usos energéticos tanto en el transporte- impulsando el vehículo eléctrico- como en los hogares, como por ejemplo a través de la bomba de calor”.

Además añade que ya se contemplan exenciones en determinados sectores y compensaciones para otros, de cara a “evitar un impacto negativo” y concluye reafirmándose en la necesidad de “una reforma fiscal medioambiental que recoja el principio de quien contamina paga”.

Posición de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española

Sin embargo, no toda la industria está de acuerdo con la iniciativa, de tal manera que las patronales reunidas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, en la que están Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia) ha emitido otro comunicado por su parte en el que asegura que la creación del FNSSE “supondría un coste energético adicional acumulado para la Industria de 2.650 millones de euros” y puede “agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro”, antes de añadir que la citada industria “ha perdido, desde la crisis económica de 2008, casi un 30 % del tejido productivo y un 20 % del empleo”.

La Alianza por la Competitividad de la Industria “alerta de que el sector industrial ya se enfrenta actualmente a un extraordinario incremento de los costes del gas y la electricidad en nuestro país” y asegura que “el impacto previsto de la iniciativa legislativa, tal y como está configurada, es lesivo para la actividad económica responsable de la generación del empleo de calidad (en términos de salario y contratación indefinida), del desarrollo de la innovación y tecnologías avanzadas y neutras en carbono, y de la internacionalización de nuestro tejido empresarial”.