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El Gobierno devuelve a la CNMC competencias en los mercados eléctricos de gas y electricidad

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto-Ley que devuelve a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la capacidad de aprobar la estructura, la metodología y los valores concretos de los costes y las retribuciones reguladas de los sistemas eléctrico y de gas que suponen alrededor de 10.000 millones de euros anuales. De este modo adapta la normativa española a la de la Unión Europea, que exige reguladores totalmente independientes en ambos mercados y se frena un procedimiento sancionador que en breve habría llegado al Tribunal de Justicia de la UE.

Con la aprobación de este Real Decreto Ley, el Gobierno “ofrece un marco homologable al de los demás estados europeos, reconoce la capacidad técnica y el criterio de la CNMC y establece mecanismos de cooperación que garantizan el buen funcionamiento del conjunto del sistema sin menoscabo de la responsabilidad que cada institución tiene en materia de energía”. Además, también añade que “este nuevo reparto competencial garantizará seguridad jurídica a la ciudadanía y a los agentes del sector energético”. La Comisión Europea emitió, en septiembre de 2016, un Dictamen Motivado concluyendo que las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE se habían traspuesto incorrectamente al ordenamiento jurídico español. A raíz de ese Dictamen se ha provocado una importante litigiosidad ante el Tribunal Supremo entre la CNMC y el Gobierno, “que resulta perjudicial para el interés general y que conlleva incertidumbre jurídica”.

Todo ello es consecuencia de la decisión del Gobierno del Partido Popular de asumir las competencias en materia de fijación de precios, inspecciones y liquidaciones, entre otras, para disponer de ellos como herramienta política. La CNMC recurrió al Supremo y la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ahora le devuelve unas competencias que suman alrededor de 10.000 millones de euros. El nuevo reparto asigna a la CNMC la aprobación de la estructura, metodología y los valores concretos de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de gas natural y electricidad, y a las plantas de gas natural licuado. De igual modo, la Comisión aprobará las retribuciones de las actividades de transporte y distribución de gas y electricidad y de las plantas de gas natural licuado. También se encargará de la retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista.

Igualmente serán de su competencia la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural; las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario europeo; y el control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte, pudiendo hacer recomendaciones para su modificación.

La decisión del Gobierno establece también unas orientaciones de política energética, que establecerá el propio ministerio y, si hay discrepancias con el criterio de la CNMC, éstas se dirimirán en el seno de una Comisión de Cooperación, que estará formada por tres personas en representación del Miteco y otras tres en representación de la CNMC. Las orientaciones de política energética se ocuparán dela seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y el respeto al medio ambiente, la gestión de los recursos naturales y las elecciones tecnológicas futuras, y la utilización racional de la energía.