El Gobierno reforma el real decreto sobre los centros de datos, pero el sector rechaza la revisión de forma contundente

El Gobierno ha elevado su propuesta de real decreto para regular los centros de datos al Consejo de Estado y lo ha hecho después de reformar su contenido, manteniendo las condiciones más exigentes, pero con una moratoria en los plazos para cumplirlas. Sin embargo, la respuesta del sector es tajante y, en esta línea, la directora ejecutiva de Spain DC, la patronal sectorial, insistió ayer durante la jornada “El reto de la electrificación: Tecnología y Crecimiento”, organizada por la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico que supone “la muerte del sector”. La propia patronal ha hecho pública una nota en la que afirma que “rechaza el nuevo texto del decreto por conservar requisitos inviables y añadir más riesgos”, y argumenta que “el texto mantiene el 80 % renovable hora a hora y ofrece como principal vía transitoria aceptar el riesgo de apagón, ser los primeros en sufrirlo cuando el sistema lo requiera y afrontar desconexiones sin indemnización”.

La revisión del real decreto que propone Ejecutivo ofrece cinco años a los centros de datos para adaptarse a los requisitos más exigentes, entre ellos la obligación de justificar el consumo a través de energías renovables. Tras estudiar las alegaciones presentadas por los diferentes estamentos del sector y el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se conservan los principales presupuestos de la norma, entre ellas la citada exigencia de justificar hora a hora un 80 % de consumo con energía renovable. Lo que hace para paliar ese requisito es introducir un mecanismo transitorio que permite retrasar su cumplimiento durante los próximos cinco años, de forma que hasta 2028 sólo se exigirá un cumplimiento del 60 % de consumo renovable en horas punta. Ese objetivo se incrementa al 70 % desde 2029 y hasta 2031, año en el que ya se aplicaría al porcentaje previsto inicialmente. Además, se incrementa el umbral a partir del cual las instalaciones deben cumplir con la mayoría de requisitos, en concreto de 1 a 10 MW. Igualmente, se plantean mayores facilidades para acreditar el suministro renovable por parte de las propias industrias.

Sin embargo, también añade una exigencia a quienes se acojan a ese retraso de 5 años, que consiste en que las instalaciones deberán adherirse al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) gestionado por Red Eléctrica. Este procedimiento se conforma como un freno de emergencia para interrumpir el suministro si el sistema lo requiere y no retribuye compensación alguna a quien forma parte de él y significa que, si se da esa situación de necesidad serán los centros de datos quienes primero resultarán desconectados del sistema.

Ahora, el Gobierno tiene intención de aprobar el real decreto en alguna de las reuniones del consejo de ministros que restan hasta las elecciones del próximo 29 de noviembre. Respecto a la tramitación administrativa, la prioridad política fijada por el ministerio es aprobar de manera definitiva el real decreto en el Consejo de Ministros, aunque antes el Consejo de Estado deberá resolver su dictamen, que no es vinculante. En el caso de no llegar a tiempo antes de la cita electoral, el Ejecutivo también estudia su aprobación en el periodo que permanezca en funciones, previa consulta a la Abogacía del Estado. Dichas situaciones están reservadas a razones de interés general, pero el Gobierno podría esgrimir la protección de la factura eléctrica y la seguridad del suministro eléctrico como una de ellas. Porque, no en vano, la propuesta tiene como origen impedir que la llegada masiva de estas infraestructuras genere un encarecimiento en la factura de la luz o comprometa los recursos hídricos. También que el desarrollo de estas nuevas plantas acabe provocando un incremento del recibo eléctrico para los consumidores y la industria.

Respuesta del sector de centros de datos

Por su parte, SpainDC, Asociación Española de Centros de Datos, ha rechazado este nuevo texto revisado porque “conserva las principales exigencias que hicieron inviable el proyecto inicial y añade nuevos riesgos para la operación, la seguridad jurídica y la inversión”, y añaden también que “lejos de significar una relajación de las exigencias, el nuevo texto introduce una alternativa que SpainDC considera especialmente grave. Los centros de datos que quieran acceder a una transición gradual antes de cumplir plenamente la exigencia del 80 % renovable hora a hora deberán aceptar que el operador del sistema pueda provocar un apagón cuando lo requiera. El proyecto no establece límites claros sobre la frecuencia o duración de estos episodios ni ofrece a los operadores la previsibilidad que necesita cualquier infraestructura esencial”.

Su presidente, Emilio Díaz, señala que “se mantienen unas condiciones energéticas que consideramos extraordinariamente difíciles de cumplir y, como alternativa, se nos ofrece aceptar el riesgo de un apagón”, lo que considera que “para una industria cuya principal obligación frente a sus clientes es garantizar continuidad y disponibilidad, esto cambia el riesgo del proyecto, afecta a su financiación y acaba formando parte de la decisión sobre dónde se realiza una inversión”.

La directora ejecutiva de la asociación, Begoña Villacís, señala que “no entendemos por qué una industria concreta tiene que convertirse en la primera a la que se apague cuando el sistema eléctrico tenga un problema. Se nos pretende convertir en la válvula de escape de problemas de planificación, inversión o capacidad de la red que no hemos generado”, y concluye que “eso no es eliminar una barrera: es mantener una y crear otra peor”.

La asociación considera que la nueva propuesta “ignora recomendaciones clave del informe de la CNMC, que recogía buena parte de las objeciones planteadas por el sector, como son la rigidez de esta correlación, el riesgo de sobredimensionar generación y almacenamiento y la ineficiencia de exigir nueva generación cuando el sistema ya dispone de excedentes renovables”.