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Con motivo de la presentación de su Informe Anual sobre la Morosidad, la PMcM, Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, alertó la semana pasada sobre un empeoramiento de los plazos de pago a proveedores del sector público y privado y aprovechó también para augura “una situación sin precedentes si no se remedia con la implantación de un régimen sancionador”.

 

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma, presentó las cifras, que sitúan los plazos de pago medios en 77 días, tanto en el sector público como en el privado, y muy lejos de los 30 y 60 días que la Ley establece, respectivamente. Según la PMcM, “esta tendencia podría vaticinar una aceleración del empeoramiento de los pagos de las Administraciones Públicas frente a los del sector privado”. Además también se incrementan los impagados, en concreto en un porcentaje tan considerable como el 74 %.

Plazo medio de pago en el sector público
Plazo medio de pago en el sector público según el estudio de la PMcM

Del análisis se desprende que el plazo medio de pago a proveedores aumentó en 7 días en el sector público y en 4 días en el sector privado, hasta coincidir en esos citados 77 días. El empeoramiento hace retroceder a los niveles de 2015, en el ámbito público, y a 2016, en el privado. Para Cañete es ahora más imprescindible que nunca, en el contexto de la situación actual, en la que todavía se padecen los efectos de la pandemia. El Informe, realizado a partir de casi 800 encuestas a organizaciones asociadas y ajenas, concluye que el 16% de los encuestados ya ve claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios. Además, el 48 % cree que sus plazos de cobro empeorarán durante 2021. Otros datos afirman que un 8 % de las empresas consultadas se han visto obligadas a aumentar sus plazos de pago. Si se les pregunta por qué opción optarían en el caso de necesitar liquidez, 7 de cada 10 aseguran que pedirían financiación, mientras un 23 % opta por ampliar dichos plazos de pago.

Plazo medio de pago en el sector privado
Plazo medio de pago en el sector privado desde el 2014 hasta el 2020

 

 

Las grandes empresas, las peores pagadoras

Sin embargo, lo más concluyente es que la mitad exacta de los consultados consideran que las empresas que peor pagan son las grandes, aquellas que facturan más de 50 millones de euros. El 45 % señala que pagan a más de 90 días y el 36 % dice que lo hacen entre 60 y 90 días. Ambas opciones muy por encima de lo establecido en la ley. Sólo el 19 % restante asegura que lo hacen dentro del plazo legal. Para Antoni Cañete, “el retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”.

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
Antoni Cañete, presidente de PMcM y de la patronal Pimec

Además del empeoramiento de los plazos de pago, también se constata la permanencia de condiciones abusivas. El 62 % de los encuestados firmó contratos o acuerdos que imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004. Todos estos factores contribuyen al ya citado aumento del ratio de morosidad, que ha pasado del 3,1 % al 5,4 % en sólo un ejercicio, muy próximo al 5,7 % que se registró en 2014. Del mismo modo, cuando existen impagos casi nunca se reclaman intereses de demora, hasta un 87 % no lo hace, y menos aún la indemnización legal, un 94 % reconoce no haberla exigido. Pero no se trata tanto de un desconocimiento de la ley, aunque todavía la ignoran 4 de cada 10 consultados, como del miedo a perder el cliente.

Clientes que más tardan en pagar en el sector privado

Necesidad del Régimen sancionador

Con esta tendencia regresiva, Cañete fue más concluyente sobre la necesidad de “implantar ya un régimen sancionador que multe a las empresas morosas para evitar que se rompa la cadena de pagos, se inyecte liquidez al sistema, mejore la competitividad y productividad de las empresas y se reduzca la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos, en un contexto marcado por la COVID-19 que ha golpeado duramente a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos”. Según la PMcM, medio millón de empresas está en riesgo de quiebra por el retraso en los pagos. Cañete emplaza a los grupos parlamentarios a ponerse de acuerdo definitivamente respecto a dicho régimen, cuya ley para implantarlo se encuentra actualmente en el periodo de enmiendas en el Congreso de los Diputados y el plazo acaba este mismo miércoles.