SHARE
Las auditorías energéticas exigirán una inversión próxima a miles de empresas

Alrededor de 3.800 empresas, según las estimaciones del Ministerio de Industria, se verán obligadas a realizar auditorías energéticas, por un valor aproximado de 158 millones de euros en total, según dispone el Real Decreto que se tramite y traspone la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética, que obliga a las grandes compañías a hacer estas auditorías cada cuatro años, bajo sanción de 30.000 a 60.000 euros. Esta Directiva, que se traspone con notable retraso, obligaría a las empresas de más de 250 trabajadores o que facturen más de 50 millones de euros, cuya primera auditoría debería estar cumplimentada antes del día 5 de diciembre, por lo que la inversión debe ser inminente.

Las auditorías ayudan a detectar formas para emplear la energía de un modo más eficiente, por lo que pueden provocar ahorros económicos considerables. Según las valoraciones del Ministerio, el coste variará entre los 18.700 euros, en las compañías industriales, a los casi 3.000 euros de la mayoría de las empresas de servicios. En total supondría una inversión de más de 158 millones de euros, aunque las empresas la rentabilizarían sobradamente porque podrían generar ahorros de hasta 1.000 millones de euros. Sin embargo, estarán exentas las empresas que ya empleen un sistema de gestión energética o ambiental, como la ISO 50.001, en los casos en los que ya la incluyan. De esos 158 millones de inversión, más de 84 millones pertenecerían a la industria, 20 millones más al comercio, 12 millones a la construcción y los más de 41 millones sobrantes al resto de servicios.

De la auditoría debe encargarse un auditor energético externo o no a la compañía. Según las principales organizaciones relacionadas con los servicios energéticos, se crea un vacío legal, porque la supervisión del proceso no abarca el cómo se realiza la auditoría, sino que se limita a comprobar su realización. Además, también subrayan la ausencia de una formación específica para llevar quienes van a llevar a cabo el proceso y la falta de medidas que obliguen a aplicar las recomendaciones derivadas de las conclusiones de las auditorías.

La norma está a punto de aprobarse dado el retraso y el apremio de Bruselas, que podría abrir a España un procedimiento de infracción por no promulgarla antes del final de la legislatura. Teniendo en cuenta lo próximo de este último y que no hay una fecha concreta de aprobación, nada garantiza que quede aprobada por el actual Consejo de Ministros, aunque el Gobierno se reunió hace unos días con la propia Comisión Europea para tratar el asunto.