La Comisión Europea quiere obligar a las empresas a pagar a sus proveedores a 30 días

Un documento que la Comisión Europea va a remitir al Parlamento Europeo para someterlo a aprobación, propone medidas para frenar la morosidad en las relaciones comerciales y fomentar así la liquidez de las empresas. Así lo ha sabido la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que asegura que en él se incluye que las empresas tengan que pagar a un máximo de 30 días, en vez de a 60 como estaba contemplado hasta ahora en la Directiva.

El paquete de medidas es un Reglamento que sustituirá a la Directiva Europea sobre Morosidad y que está previsto que lo haga con carácter inmediato y directamente aplicable a cada legislación nacional. Este nuevo Reglamento es fruto de la revisión que la Comisión Europea ha realizado de la Directiva y que la propia PMcM sostiene que ha venido en parte propiciada por sus reivindicaciones.

A principios de julio, la PMcM, junto a Pimec, celebraron un acto en el Consejo Económico Social y Europeo, en Bruselas, en el que se reunieron con representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Además, durante los últimos meses han estado en contacto con miembros de la Comisión Europea y les han aportado “documentación y recomendaciones para dar forma a esta futura norma”, sostiene su presidente, Antoni Cañete, que valora la cuestión como “un problema sistémico para la economía de la UE”, porque afecta a empresas de todos los sectores y países y “de manera desproporcionadamente grave a las pymes, que dependen de flujos de efectivo regulares y previsibles”, señala.

Intereses a cargo del deudor y mediación, entre las nuevas medidas

Está previsto que el Reglamento también contemple que el pago de tasas compensatorias e intereses sea legalmente automático en caso de morosidad. Además facilitará a las empresas hacer valer sus derechos reduciendo la carga y facilitando el acceso a una reparación efectiva a través de la mediación, cuyos litigios suponen costes muy reducidos con respecto a los procedimientos judiciales.

En líneas generales, el reglamento promoverá el principio de pensar primero a pequeña escala: en las pymes y autónomos. En este sentido, la Comisión Europea ha asegurado que seguirá mejorando sus procesos de mejora de la legislación, incluida la visibilidad de sus actividades de mejora de la legislación relacionadas con las pymes y la competitividad, para garantizar que la legislación y las políticas de la UE funcionen mejor para las pymes.

La morosidad obstaculiza la competitividad, aumenta la incertidumbre y, en el caso de la contratación pública, reduce la participación de las pymes. En cualquier empresa afectada aumentan las necesidades de capital circulante, incrementan los costes debido al tiempo invertido en molestar a los deudores y aumentan los costes de financiación. Todo ello supone una presión desproporcionada para las pymes.