La PMcM denuncia “presiones” para volver a instaurar “el pacto entre las partes”

Según el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, “hay presiones de los lobbies para que vuelva a instaurarse el pacto de las partes, lo que permitiría alargar los plazos de pago siempre a conveniencia del más fuerte y conllevaría el cierre de miles de pymes y el aumento del paro”. Cañete, como máximo responsable de la PMcM, realiza esta afirmación después de volver a reclamar por enésima vez un Régimen Sancionador contra la morosidad, “instaurar esta medida que regule las sanciones es vital para incrementar la competitividad y viabilidad de nuestras pymes y autónomos, incluso de su supervivencia”, declara.

Con motivo de las próximas elecciones generales de este 23 de julio, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha trasladado a los partidos políticos una batería de propuestas vitales y urgentes contra la morosidad para evitar el cierre de empresas durante la próxima legislatura, y espera que se posicionen claramente si están en contra de la lacra de la morosidad.

90 prórrogas del Régimen Sancionador desde 2020

La PMcM denuncia y lamenta que la convocatoria electoral haya truncado el avance en la tramitación de ese régimen sancionador y señala que “se trata de la segunda vez que decae, en esta ocasión habiendo acumulado más de 90 prórrogas a pesar de que su toma en consideración fue aprobada por unanimidad en 2020”. Antoni Cañete afirma que “no sé entiende cómo no habiéndose manifestado nadie en contra no haya salido adelante; esto nos hace pensar que nuevamente se imponen los intereses de unos pocos”, asegura.

Para la Plataforma, el problema se suma a la actual subida de tipos de interés, que ya está dificultando la financiación de pymes y autónomos, y por eso también ha trasladado esta petición del régimen sancionador a la Unión Europea, para que lo incluya en la nueva directiva europea que están terminando de perfilar. Así lo reclamó recientemente en una jornada en Bruselas, coorganizada junto a Pimec y la patronal italiana Confartigianato, al concluir que “si no aseguramos que la nueva directiva de morosidad penaliza a las posiciones dominantes de las grandes empresas con un régimen sancionador, seguirán cerrando pymes”.

Por todo ello creen decisiva la implicación de los partidos políticos y la independencia del futuro Observatorio de la Morosidad, así como que la factura electrónica no suponga un aumento de costes empresariales y que los morosos no puedan acceder a subvenciones públicas.