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Economía

La PMcM alerta sobre el aumento en un 3% de los plazos de pago de la Administración

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Antoni Cañete es presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha constatado, según el análisis de los datos que la Administración General del Estado (AGE) acaba de publicar sobre su plazo medio de pago a proveedores relativo al tercer trimestre de 2016, que el plazo medio de pago del Estado ha aumentado un 3% con respecto al trimestre anterior. Según el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “ya esperábamos debido a la interinidad del Gobierno, que ha ido ralentizando todo tipo de toma de decisiones, en muchos casos decisivas para la liquidez de nuestras pymes y autónomos”.

Los ministerios que experimentaron un claro empeoramiento en el comportamiento de pago de sus facturas durante el tercer trimestre de 2016 han sido Justicia, Economía y Competitividad, y Asuntos Exteriores y de Cooperación. Mientras tanto, las comunidades autónomas contaban con recibir el dinero de la corrección del déficit público (4.000 millones de euros) “y hasta finales de octubre han estado esperando el desbloqueo; desde la PMcM lamentamos que haya llegado tan tarde y esperamos que esto no provoque que opten por cuadrar sus balances dilatando los plazos de pago”. De este modo, la Administración Autonómica ha pasado de pagar de media a sus proveedores de 71 días en enero, a 76 días en junio, lo que supone un incremento del 7%.

Entre julio y septiembre, el Estado ha pagado 757.554 millones de euros en facturas de bienes y servicios e inversiones a unos 59 días de media. “Se detecta así, dentro de la tendencia descendente del último año, un aumento en este periodo en concreto del 3% en el plazo medio de pago con respecto al trimestre anterior”, asegura Cañete.

La PMcM está a la espera de recibir respuesta por parte de la Unión Europea sobre tres asuntos de vital importancia: la sentencia sobre la devolución de los intereses de demora, la metodología en el cálculo de los plazos de pago de las Administraciones Públicas, y el procedimiento de infracción a España por una aplicación inadecuada de la Directiva sobre morosidad