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El Gobierno ultima la reforma eléctrica dos años después de su inicio

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto que establece una nueva metodología para el cálculo del margen comercial de las eléctricas de referencia, aquellas encargadas de suministrar la energía a los consumidores domésticos acogidos al llamado Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC). Todo ello como consecuencia de la sentencia de hace un año del Tribunal Supremo que accedió a la demanda de la compañía Gas Natural Fenosa, que manifestaba que el cálculo aplicado era arbitrario y sin una metodología concreta para calcular los costes

El resultado de este Real Decreto implicará que ahora alrededor de 15 millones de usuarios verán refacturado su consumo, porque el nuevo margen, superior aunque no precisado por el Gobierno, se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de abril de 2014, cuando entró en vigor el nuevo sistema de PVPC.  El comunicado del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital manifiesta dar “así cumplimiento a las tres sentencias de Tribunal Supremo que obligan a modificar la metodología” y asegura a continuación que, “el coste de comercialización resultante es similar al establecido anteriormente, por lo que el impacto para el consumidor será muy reducido sobre su factura”.

La nota también señala que la regularización se realiza “conforme a los nuevos precios que resultan de la metodología, lo que supone de media 1,76€ por consumidor”. Y añade también que para elaborar la metodología, el Ministerio “ha utilizado como referencia la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y ha tenido en cuenta las valoraciones de todos los agentes afectados”. También puntualiza que “la modificación cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado”.

Según esa propuesta de la CNMC, el margen debía incrementarse hasta 5,27 euros por kW de potencia al año, aunque Luis de Guindos, ministro de Industria en funciones, propuso un margen comercial de 4,2 euros, al que las eléctricas respondieron con una rotunda negativa y la amenaza de volver a los tribunales.

Una vez que entre en vigor las compañías tienen nueve meses para realizar las regularizaciones. El consumidor recibirá una carta en la que se le informará de los efectos de la aplicación de la nueva metodología y en su factura se establecerá de forma separada este concepto.