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El Gobierno prevé aprobar este martes nuevas medidas para abaratar la factura de la luz

Tal y como anunció la semana pasada la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la reunión del Consejo de Ministros de este martes prevé aprobar un plan con nuevas medidas a través de las cuales poder lograr un abaratamiento de la factura de la luz. Todo ello después de que la semana pasada el precio de la electricidad superara por primera vez la cifra emblemática de los 150 euros por megawatio hora, e incluso haya superado este lunes los 154 euros, para descender levemente hasta los 153,43, euros de cara al martes.

 

Montero se hizo eco del compromiso anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, que defendió que la factura de la luz acabaría 2021 con un promedio anual similar al que se pagó en 2018, y anticipó también que el Gobierno tomaría medidas para reducirlo en breve con un “plan de choque” que se aprobará este martes 14. En ese contexto, el Ejecutivo tendría como objetivo intentar normalizar la situación en el mercado mayorista y ampliar el espacio para las tecnologías más baratas, fomentando oras opciones de suministro basadas en el autoconsumo, las comunidades energéticas, las subastas de energía primaria, etc. De este modo se lograría que el peso de los ciclos combinados fuese menor y también la influencia del precio de la cotización internacional del gas.

 

Algunas de las medidas que podrían aprobarse este martes

Entre las medidas se baraja hacer permanente la reducción en los impuestos, tanto en el caso del IVA como en el de la generación, incluso podría estar planteándose la reducción del primero de ellos al 4 %, así como también regular las concesiones hidroeléctricas o suprimir los llamados “beneficios caídos del cielo”. En este último sentido, ya aprobó un anteproyecto de ley hace unos meses para acabar con ellos, una medida que considera que supondría un abaratamiento de entre el 4 y el 5 % en la tarifa. También está entre sus pretensiones sacar de ella el coste de las primas renovables más antiguas y que se reparta entre todos los sectores energéticos. Así consta en el proyecto de ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.

El Gobierno quiere que la tarifa precisamente no esté tan ligada a los vaivenes del mercado, pero este hecho depende también de la negociación que mantiene con la Unión Europea. Además, se quiere otorgar una mayor estabilidad a la tarifa PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) vinculándolo a la evolución de los precios a largo plazo, en lugar de hacerlo en función del pool diario. También se pretende instaurar un suministro energético mínimo con el objetivo de impedir el corte de la electricidad a los consumidores vulnerables y aumentar su protección social.

Por su parte, las compañías eléctricas apuestan por un cambio en la factura del mercado regulado y por nuevas tarifas que, en el caso de que la situación vuelva a una cierta normalidad, significará mayores ingresos para ellas. Además, rechazan todas las posibles modificaciones que puedan limitar sus ganancias dentro de lo que consideran lógico, ya se trate de subastas por tecnología, del fin de los beneficios caídos del cielo o del cambio del sistema. Se han manifestado a favor de que la tarifa PVPC no esté tan sometida a los vaivenes del mercado, pero consideran que la medida emprendida por el Ejecutivo para limitar los “windfall profits”, que permiten sobrerretribuir a tecnologías no emisoras como la hidráulica o la nuclear y que el propio Gobierno ya considera amortizadas, es injusta porque impone “cargas injustificadas sobre tecnologías no emisoras”.