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El Gobierno aprueba la regulación del procedimiento básico para la certificación energética de los edificios

La reunión del Consejo de Ministros del pasado martes sirvió para aprobar el Real Decreto que regula el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. La norma establece la metodología y definiciones técnicas para realizar el cálculo de dicha calificación energética y actualiza las obligaciones de promotores y propietarios en cuanto a las características técnicas que deben cumplir los inmuebles en materia de certificación energética, de tal forma que amplía el parque de edificios obligados a disponer de ella.  

 

El Gobierno aprueba la regulación del procedimiento básico para la certificación energética de los edificios

 

Nuevos inmuebles con certificación obligatoria

A partir de ahora aquellas construcciones con una superficie útil total superior a 500 m y destinadas a un uso administrativo, sanitario, comercial, residencial público, docente, cultural, recreativo, logístico, hostelero o deportivo deberán tener su Certificado de Eficiencia Energética, en el que se recoge la información más relevante sobre su situación energética de los edificios y es clave para la valoración de su rendimiento.

Lo mismo ocurre con los edificios ocupados por una administración pública con una superficie útil total superior a 250 m2, independientemente de la frecuencia y afluencia de público en el mismo. Se trata de una medida que supera los mínimos exigidos a nivel comunitario. A su vez, aquellos inmuebles que deban pasar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio (ITE) y rehabilitaciones energéticas en los próximos años también estarán obligados a disponer de esta certificación de eficiencia energética.

El Gobierno aprueba la regulación del procedimiento básico para la certificación energética de los edificios

 

Adecuarse a los objetivos de descarbonización y al PNIEC

Este cambio normativo, que adapta la certificación energética a la normativa europea mediante la transposición parcial de la Directiva 2018/844, responde a la adecuación de la normativa española al objetivo de descarbonización a 2050 y tiene como objetivo la mejora de la eficiencia energética de los edificios, en línea con los objetivos del PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y del Plan de Recuperación. Estos últimos fijan para 2030 la rehabilitación de 1.200.000 viviendas, reduciendo la dependencia energética y las emisiones de los edificios.

Mejorar la transparencia en la información a compradores y usuarios o también incorporar novedades en aspectos de digitalización y acceso de la información relativa a la energía edificatoria, son otros de los fines que persigue el Real Decreto, que contempla también un nuevo Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética, que recogerá la información remitida por las comunidades autónomas en esta materia. También actualiza los mecanismos de seguimiento y control por parte de las administraciones públicas, agentes del sector y usuarios.

 

Actualización de procedimientos

La norma regula las visitas presenciales de los técnicos competentes, que deberán revisar al menos una vez cada edificio para verificar las condiciones de eficiencia energética para emitir el certificado. También distingue entre certificación de eficiencia energética de proyecto y de obra terminada, al tiempo que reduce de 10 años a 5 años el periodo de validez de los certificados de peor calificación energética. Además, se establece también la obligación, tanto de particulares como de empresas, de mostrar la calificación energética en la publicidad de alquiler o venta de los edificios.