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Antoni Cañete es presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

Antoni Cañete es presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, en calidad de representante de PIMEC, la patronal que representa las micro, pequeñas y medianas empresas y los autónomos de Catalunya, cargo que ostenta desde el año 2005 y en el que fue ratificado en 2010. Nacido en Barcelona en 1963, es ingeniero electrónico industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya y profesor titular de ciclos formativos de Grado Medio y Superior, en excedencia. Fue también director de Cofme, Consorcio de Fabricantes de Material Eléctrico y secretario general de Amelec, Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Material Eléctrico y Electrónico.

¿Podría resumirnos brevemente los datos más recientes sobre la morosidad de los que dispone la Plataforma?

Básicamente, los últimos datos nos dicen que la morosidad de las empresas más importantes, aquellas que están integradas en el Ibex, sigue empeorando y se aleja cada vez más del plazo que marca la Ley, incluso llega a triplicarlo, con 187 días de media. A partir de ahí, las cifras son tan llamativas como que esa morosidad supone 57.824 millones de euros y, si se incluye al resto de empresas que participan en el mercado continuo, hablamos de 66.680 millones en total. Esto supone 1.392 millones de euros anuales en coste de financiación y 1.985 millones en intereses de demora. En cuanto al plazo medio de pago, cuando se incluye al resto de empresas cotizadas sube a 193 días.

Por sectores hay algunos como el de la construcción que ha empeorado sus plazos en 214, alcanzando los 300 días, mientras que en la industria se paga a 221 días, y en el sector energético a 103.

La Plataforma contra la Morosidad cambió la Ley, pero no ha cambiado el hábito ¿Cuál es la diferencia entre aquella situación y la actual?

Algunos hábitos son realmente difíciles de revertir, especialmente si no hay un Régimen Sancionador que permita castigar a quien incumple la Ley. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad consiguió un hito, que fue impulsar la promulgación de la Ley 15/2010, que permitió situar fuera de ella a quien no pague en los plazos que marca. Ese es el cambio fundamental, antes quien pagaba con estos retrasos no tenía por qué justificar el incumplimiento de ninguna norma, ahora, aunque no existan sanciones para quienes lo hacen, los morosos están cometiendo una ilegalidad.

Hemos convocado una asamblea abierta para el 17 de septiembre, a la que invitamos a todas las asociaciones de España

Parece que estemos ante una batalla de David contra Goliat, sin opción posible, ¿No resulta quijotesco?

La Plataforma lleva años luchando por cambiar una situación y creemos que hemos conseguido también influir en el cambio de mentalidad que existe sobre la morosidad. Hemos celebrado tres cumbres empresariales, con la primera conseguimos una acción reacción muy importante, con un gran apoyo de la sociedad civil y la presencia de todos los partidos políticos.

En la Segunda logramos el compromiso para implantar el Régimen Sancionador, aunque luego no haya habido los resultados esperados. Nuestra labor consiste en denunciar esa inacción. En la Tercera volvimos a contar con el compromiso del Ministro de Hacienda, pero ha faltado voluntad política. Pero la Plataforma no tiene la sensación de estar clamando en ningún desierto, no creemos estar solos porque con todos los partidos políticos mantenemos un diálogo vivo y lo único que tenemos que mantener es la absoluta exigencia en nuestras propuestas y el completo rigor a la hora de defenderlas. Nuestra obligación es mantener y fortalecer esa denuncia, pese a que recibimos buenas palabras, pero realidades ninguna.

Cabe señalar que si no fuera por la labor de la PMcM se habrían introducido artículos en las leyes que estarían permitiendo nuevamente el pacto de las partes o se habría instaurado el confirmig para no cumplir los plazos de pago, como se intentó con el Anteproyecto de Ley de Financiación Empresarial.

Asimismo, la denuncia de la PMcM ante Europa también está haciendo plantear cambios en la legislación del ámbito público, como la verificación de las facturas y el pago de intereses. En este sentido, hay que destacar que ya se ha producido una primera sentencia que obliga a las administraciones a pagar los intereses de demora de oficio.

¿En qué medida la PMCM se ha sentido utilizada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro?

No, no hemos sentido utilizados, simplemente nos sentimos decepcionados porque no se hayan cumplido los compromisos respecto al Régimen Sancionador, por ejemplo, que el Gobierno no ha sido capaz de llevar a cabo, no está por la labor de hacerlo. Hay un tiempo para cada cosa y aquí hemos sufrido una falta de actuación, que es lo que denunciamos. Sentimos escepticismo y decepción, pero no utilización, lo que sí hacemos es decir ¡Basta ya! Constatamos que la vía dialogante no es suficiente y que hay falta de voluntad. Denunciamos la inoperancia del Gobierno en materia de morosidad en el ámbito privado, pese a los compromisos públicos adquiridos.

Por eso hemos convocado una asamblea abierta para el 17 de septiembre, a la que invitamos a todas las asociaciones de España que quieran participar y reflejar su descontento con la morosidad en las operaciones comerciales. Estaríamos encantados también de que estuviera en ella el Gobierno, pero sería para que previamente hubieran corregido las anomalías y vinieran a presentar esas correcciones.

Sentimos escepticismo y decepción, pero no utilización, lo que sí hacemos es decir ¡Basta ya!

¿Existirá alguna vez un Reglamento Sancionador contra quienes infrigen la Ley contra la Morosidad?

La Comisión ha iniciado un proceso sancionador a España, se trata de un proceso muy lento y con mucha burocracia, en el que hay varios pasos que hay que cumplir, con unos plazos determinados, que hacen que todo el procedimiento se retrase mucho, pero por eso mismo es un proceso muy serio y cuyas multas por incumplimiento son muy graves y muy cuantiosas. Creemos que es mucho más que un indicio que este proceso se haya iniciado y que, gracias a él, tendrá que implantarse necesariamente el Régimen Sancionador. Estamos convencidos de que ese procedimiento hará que se convierta en realidad.

También influye lo que pasa en nuestro entorno, Francia, por ejemplo, acaba de doblar las multas en su Régimen Sancionador.

Y si lo hubiera, ¿cree que realmente se cumpliría, teniendo en cuenta el escenario actual y la fuerza que representan muchas de esas empresas morosas, como las que forman parte del Ibex?

Un Régimen Sancionador implica que quien se salta la Ley es multado por hacerlo y que la cuantía de estas multas tiene que ser lo bastante disuasoria como para que no resulte rentable el incumplimiento, de modo que si se aplica con rigor y de acuerdo a lo previsto, no veo por qué no vaya a cumplirse.

Hemos denunciado las importantes presiones que el Gobierno recibe de las empresas más importantes, pero con un Régimen Sancionador, sería de obligado cumplimiento multar a quien esté al margen de la norma.

Nos parece preocupante que quien representa al tejido empresarial de pymes en toda España no defienda por igual a todos sus representados. Me refiero a Cepyme

¿Qué apoyos echan de menos?

Nos parece preocupante que quien representa al tejido empresarial de pymes en toda España no defienda por igual a todos sus representados. Me refiero a Cepyme, que agrupa a las pymes de todo el país y que debería denunciar los problemas de morosidad que sufren. Nos preocupa mucho su silencio y que no hay reacción alguna a este problema, tal vez porque la presión que ejercen las grandes empresas –que son las que más incumplen, como hemos visto- a través de CEOE, les impide actuar.