Varias organizaciones del ámbito ecologista y del renovable y vinculadas al transporte consideran que “España se encuentra en un momento crucial para definir la hoja de ruta de la descarbonización del transporte, con la transposición a normativa estatal de la Directiva de Energías Renovables (DER III) en periodo de consulta pública”. Sobre su aplicación señalan que “debe descarbonizar el transporte sin falsas soluciones”. En un comunicado conjunto valoran que “el objetivo de reducción de la intensidad de carbono en el transporte es ambicioso, pero debe ir acompañado de salvaguardas ambientales y de una apuesta clara por soluciones realmente sostenibles”.
La Directiva establece objetivos ambiciosos de reducción de la intensidad de carbono, que en el caso del Estado español se han reforzado mediante la propuesta de objetivos aún más exigentes que los fijados a nivel de la Unión Europea. En concreto establece para 2030 una reducción de al menos el 14,5 % en la intensidad de gases de efecto invernadero en el transporte. En su transposición a la normativa estatal, a través del proyecto de Real Decreto de impulso para descarbonizar el transporte y fomento de los combustibles renovables, se fija un objetivo más ambicioso: una reducción del 17,6 % de las emisiones de GEI en el transporte por carretera para 2030.
“Esto supone una oportunidad clave para acelerar la acción climática en uno de los sectores con mayores emisiones a nivel nacional”, señalan las asociaciones firmantes, Ecodes, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables y Transport & Environment, pero añaden también que “el diseño actual de la normativa plantea importantes riesgos ambientales y climáticos, al introducir subobjetivos específicos de fomento de determinados biocombustibles y del biogás a partir de materias primas cuya expansión a gran escala podría agravar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la inseguridad alimentaria, en lugar de contribuir a resolverlas”.
Posibles prácticas de lavado verde por parte de la industria
También denuncian “el posible fomento de prácticas de lavado verde por parte de la industria, al considerar como `renovables´ soluciones que no garantizan reducciones reales y sostenibles de emisiones. Finalmente, este enfoque puede provocar un retraso en la implantación de soluciones estructurales y verdaderamente eficaces para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), como la reducción de la demanda energética en el transporte y la electrificación directa, especialmente en los sectores del transporte por carretera y ferrocarril”.
Las asociaciones inciden en que la transposición de la Directiva de Energías Renovables “debe ser una herramienta para transformar el sistema de transporte, no para perpetuar modelos dependientes de combustibles con elevados impactos ambientales. Para garantizar una descarbonización real y justa, resulta imprescindible priorizar la eficiencia, la reducción de la demanda energética, y la electrificación directa en transporte por carretera y ferrocarril, reservando estrictamente el papel de los biocombustibles a los sectores de la aviación y marítimo”, afirman.
