Aoru, Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida ha celebrado esta semana sus primeras Jornadas Parlamentarias, en las que ha reunido a representantes institucionales y del sector para abordar los retos de la electrificación del transporte Las reclamaciones principales de la asociación se enfocan en demandar seguridad en la regulación y ejecución efectiva de los trámites porque advierten de retrasos de hasta 36 meses en la puesta en marcha de puntos de recarga.
Aoru concluye que estos retrasos de hasta 3 años, especialmente en los procesos de conexión a la red y tramitación administrativa, dificultan “acompasar el ritmo inversor con el crecimiento del vehículo eléctrico y limita la capacidad del sector para anticiparse a la demanda futura”, y añaden que se han invertido ya 150 millones de euros y en el despliegue de más de 2.000 puntos de recarga ultrarrápida en España, equipados con tecnología capaz de recargar un vehículo en menos de 20 minutos.
En las citadas Jornadas Parlamentarias en el Congreso de los Diputados se han reunido a representantes del Parlamento Europeo, del Gobierno, Administraciones públicas y principales actores del sector de la movilidad eléctrica. Además, también se ha presentado el manifiesto Charging4Impact, que incluye seis medidas urgentes para acelerar el desarrollo, incluyendo plazos vinculantes para las distribuidoras y un marco regulatorio específico para el sector.
“La recarga ultrarrápida no es un elemento accesorio”
En Aoru valoran que España, como segundo mayor productor de automóviles de Europa, se enfrenta a un momento decisivo en el proceso de transformación, que hace depender en gran medida ese liderazgo “de la capacidad de alinear la electrificación del parque móvil con el desarrollo efectivo de la infraestructura de recarga, en un entorno en el que la inversión ya está comprometida, pero requiere condiciones que permitan su ejecución”. Durante el encuentro se subrayó que “la recarga ultrarrápida debe integrarse como parte estructural del sistema de movilidad eléctrica y no como un elemento accesorio, subrayando su papel en la configuración de un modelo energético más eficiente y competitivo”. El debate se articuló en torno a tres ejes: el papel de la recarga ultrarrápida en la descarbonización de la economía, los retos asociados al estado de la red eléctrica en España y la necesidad de avanzar hacia un enfoque centrado en el usuario.
El director general del IDAE, Miguel Rodrigo, insistió en “la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo del marco normativo existente, diferenciando entre la adopción de nuevas medidas y la correcta aplicación de las ya aprobadas”. Y también por el IDAE, la jefa del Departamento de Movilidad Sostenible, Isabel del Olmo, afirmó que “hay que seguir invirtiendo en la red de transporte y distribución, pero también utilizar de forma más eficiente la red existente, evitando acaparamientos y duplicidades en el acceso y la conexión, y fomentando la flexibilidad, el almacenamiento, la digitalización y la transparencia del sistema”. Mientras tanto, Arancha García, directora de Industria y Medioambiente de Anfac, subrayó que “necesitamos avanzar en cantidad, calidad y capilaridad en el despliegue de la infraestructura de recarga. Los fabricantes no lo podemos conseguir solos. La iniciativa pública y privada deben ir de la mano”.
Charging4Impact: medidas para acelerar el despliegue
El manifiesto Charging4Impact, que plantea una hoja de ruta orientada a facilitar el desarrollo del sector y a acompasar el ritmo inversor con las necesidades de electrificación del transporte, se enfoca en la necesidad de introducir mayor previsibilidad y seguridad regulatoria en el desarrollo de los proyectos, especialmente en lo relativo a los procesos de conexión a la red eléctrica y a la coordinación entre los distintos niveles administrativos. Las seis medidas urgentes que señala para acelerar su desarrollo son:
- Plazos concretos y vinculantes: Obligación legal para que las distribuidoras eléctricas respondan a las solicitudes de conexión en un máximo de 30 días hábiles acompañado de un sistema de sanciones por su incumplimiento.
- Transparencia en la red: Publicación de mapas unificados de capacidad disponible con alto nivel de detalle espacial, mostrando la visibilidad en líneas individuales de media tensión y no solo en subestaciones.
- Fin de las denegaciones opacas: Prohibición a las distribuidoras de denegar el acceso a la red sin ofrecer explicaciones claras y alternativas viables.
- Desbloqueo municipal: Aplicación efectiva, unificada y homogénea de la Declaración Responsable en todos los municipios, acompañada de un mecanismo de silencio administrativo positivo tras tres meses sin respuesta para desbloquear proyectos.
- Identidad propia para el sector: Creación inmediata del epígrafe CNAE 35.17 para los servicios de recarga energética, evitando requisitos obsoletos propios de las gasolineras tradicionales, y evolucionando hacia un modelo de licitaciones públicas específicas y segregadas para infraestructuras de recarga, que reconozca la singularidad técnica de las estaciones de recarga -electrolineras- y garantice la libre competencia.
- Certidumbre en los incentivos: Evolución del Plan Auto 2030 hacia un sistema de adjudicación directa y armonizada.
