La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado durante la mañana de este miércoles, en el transcurso de su participación en un foro organizado por el Diario El Economista, que el Gobierno prepara varias medidas que ayudarán a impulsar la movilidad eléctrica. En concreto, Ribera ha adelantado la aprobación de tres reales decretos inminentes sobre mantenimiento, información y ayudas para puntos de recarga y vehículos eléctricos.

 

El primero de ellos prevé señalara las prestaciones y obligaciones necesarias para el mantenimiento de la infraestructura de recarga, el segundo ofrecerá todos los detalles sobre sus ubicaciones, tipos y los costes de recarga, y el tercero será de acompañamiento a la compra del vehículo, con un nuevo Moves “que permanecerá abierto en el tiempo”.

Precisamente el Moves3 se presenta este viernes e implicará como principal novedad que ya la mayor cantidad de fondos no ira destinada a las comunidades con mayor población, sino que ahora se enfocará en aquellas comunidades autónomas en las que la demanda es mayor, caso de Madrid y Cataluña.

 

Tres nuevas normas para impulsar el vehículo eléctrico

 

La vicepresidenta ha subrayado la importancia de que el ciudadano deje de preocuparse por dónde va a poder recargar su vehículo o cuánto le va a durar la carga del vehículo y ha vislumbrado una evolución hacia la democratización del acceso al vehículo eléctrico, además de hacer una apuesta por la fabricación nacional en este ámbito, “en el que tiene un recorrido muy interesante de cara al futuro”.

También en relación con la infraestructura de recarga, Ribera ha incidido en la relevancia de algunas medidas que formarán parte de la inminente Ley de Cambio Climático, actualmente en periodo de tramitación, que impone la obligación de contar con puntos de recarga en los grandes ejes y las estaciones de servicio más demandadas.

 

Precio de la luz

En relación con otras cuestiones como el precio de la luz, la máxima responsable del área ha anunciado el lanzamiento de una campaña informativa y divulgativa sobre la nueva estructura del recibo de la luz, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, y ha puesto el énfasis en el beneficio que supone para los consumidores. Asimismo, Ribera ha destacado el descenso de los precios, que espera que sean más competitivos en dos años por la penetración de las renovables, que gozan de costes operativos menores. En este sentido, la vicepresidenta ha rechazado que exista una “burbuja” en el sector, aunque se hayan dado indicios de sobrecalentamiento en el mercado.

 

Barreras administrativas  

Precisamente el despliegue de la red de carga de vehículos eléctricos en España está chocando contra las barreras administrativas. Un grupo de trabajo puesto en marcha por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, junto a comercializadoras eléctricas, empresas energéticas y compañías especializadas en este tipo de infraestructuras ha analizado la posibilidad de cumplir con el objetivo de desarrollo de la red de carga anunciado por el Gobierno. Tras estudiar las instalaciones existentes y las que están pendientes de los permisos para ser habilitadas, así como los proyectos a futuro inmediato en los próximos cuatro años, se concluye que son las trabas administrativas las que limitan y llevan a que sólo existan en España 8.000 puntos de carga públicos. Por un lado, se alude a los permisos que dependen de la Dirección General de Carreteras, y por el otro a los permisos y criterios que rigen en cada ayuntamiento para el despliegue de puntos de carga.

En el primero de ellos se trata de requisitos muy estrictos que, aunque recientemente se han modificado y suavizado algo, siguen suponiendo un trámite complicado y que dificulta muchas operaciones porque, además, la respuesta se demora hasta seis meses.

En el segundo caso, las normativas y criterios son muy diversos y los permisos de obras se consiguen muy ágilmente en algunos lugares y todo lo contrario en otros.

 

Barrera administrativas para la infraestructura de recarga

 

Para solucionar estos problemas se demandan medidas como que las instalaciones de recarga en suelo público se liciten de forma homogénea, priorizando la calidad y aspectos técnicos al canon económico a pagar. También se solicita la validación de una declaración responsable frente a la cantidad de licencias municipales. Además se requiere igualmente transparencia y disponibilidad pública de la información de la capacidad actual de la red de distribución (Media Tensión). A la hora de consultarla para una ubicación específica, lo que es interesante es conocer la coincidencia entre las vías (autopistas) y la capacidad en media tensión.

Del mismo modo, se solicita también una ventanilla única para las administraciones, se solicita la declaración de interés estratégico nacional a las infraestructuras de más de 250 kW, con la consiguiente reducción de trámites administrativos, o se solicita también la ampliación del periodo de concesiones para áreas de servicios, actualmente de 5 años, y que debería llegar a los 10 años.  Otras medidas con la aplicación de un IVA reducido para la electricidad destinada a la recarga eléctrica en los puntos de acceso público, el incremento del presupuesto del plan Moves o la implantación de un mercado o tasas de emisiones de la movilidad al igual que los que ya existen en otros países europeos.