Desarrollar la infraestructura de recarga en el país hasta superar los 3,3 millones de puntos de carga, de los que 3 millones deberán ser puntos de carga privados. Ese es el objetivo necesario para España si se quieren alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos en el año 2030, como se establece en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). De esta manera lo especifica en el Estudio sobre el despliegue de la infraestructura de carga del vehículo eléctrico en España, la Fundación Ecodes.
La firma de movilidad Charge Amps ha analizado los principales retos de la electromovilidad para el año que está a punto de comenzar y las necesidades del sector y concluye que “las infraestructuras de carga privadas deben ser la base para impulsar la electromovilidad en España”. En la actualidad nos situamos a la cola de Europa con 1,6 cargadores por cada 100 kilómetros de carretera según indican la Organización de Consumidores y Usuarios y la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Aunque se trata de datos muy variables geográficamente, porque la disponibilidad es mucho mayor en los principales entornos urbanos como Madrid o Barcelona. En todo caso, nos hallamos muy lejos del ratio que presentan Países Bajos con 64,1 cargadores por cada 100 kilómetros, Alemania, con 25,8, o Portugal, con 24,9. El PNIEC fijó como objetivo para 2022 alcanzar los 45.000 puntos de recarga en España y superar los 100.000 en 2023, pero esto sólo parece posible impulsando las instalaciones privadas tanto residenciales como no residenciales.
De esos 3 millones de puntos de recarga privados que son necesarios, se estima que alrededor de 1,25 millones deberían situarse en hogares, 1,4 millones más en lugares de trabajo y en torno a 350.000 en parkings. En el caso de los dos primeros, se trata de los espacios en los que los vehículos pasan la mayor parte del tiempo estacionados. Con respecto al tercero, el próximo 1 de enero entrará en vigor el real decreto-ley 29/2021, que establece la obligatoriedad de disponer de un punto de carga en todos los aparcamientos privados no residenciales con más de 20 plazas, y disponer de puntos extra por cada 40 plazas. Esta nueva legislación afecta sobre todo a hoteles, supermercados, restaurantes, oficinas o centros comerciales, así como edificios públicos y administrativos.
La recarga pública, un complemento necesario
Desde esta perspectiva, los puntos de carga públicos deben tener una función complementaria, tal y como se indica en el estudio de Ecodes. Actualmente, se calcula que existen unos 17.000 cargadores públicos en España, una cifra que deberá ampliarse hasta los 300.000 de cara a 2030 con tal de cubrir la demanda. La nueva normativa obliga a gasolineras y estaciones de servicio a adaptar sus servicios para ofrecer puntos de recarga a lo largo de 2023.
Desde Charge Amps consideran que “para potenciar la instalación de puntos de carga privados es necesario facilitar los trámites actuales de obtención de las subvenciones existentes, tanto para particulares como empresas. Y seguir desarrollando las normativas para que las empresas puedan facilitar ese paso a la electromovilidad de sus empleados”.
