El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una medida para impedir las cláusulas de exclusividad entre los operadores mayoristas y sus abanderados o franquiciados a la hora de prestar servicios de recarga eléctrica. Con ello quiere facilitar e introducir mayor competencia en la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en las gasolineras. La medida modifica la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos y otorga total libertad al titular de las estaciones de servicio abanderadas o franquiciadas a la hora de instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos, impidiendo que se vincule al contrato de suministro en exclusiva que mantienen con los operadores.

 

Las estaciones de servicio pueden estar explotadas directamente por operadores petrolíferos, pueden ser independientes o pueden funcionar bajo un régimen de abanderamiento o franquicia que permiten a un minorista, normalmente una pyme, explotar la gasolinera en nombre y cuenta de un operador mayorista, por medio de un contrato de suministro en exclusiva de carburante. El contenido y limitaciones de estos contratos de suministro en exclusiva se encuentra regulado en el artículo 43 bis de la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos y, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “su actual redacción no favorecía la competencia ni el despliegue de la red de puntos de recarga en nuestro país”. En este sentido, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya introduce la obligación de que las principales estaciones de servicio –con ventas anuales superiores a los cinco millones de litros– dispongan de puntos de recarga públicos.

Las franquicias de gasolineras podrán instalar puntos de recarga sin depender de sus marcas

Con esta medida, por tanto, se eliminan barreras para el impulso de la recarga eléctrica, se facilita la consecución de los objetivos de descarbonización del sector transporte y se impulsa la industria de la automoción, que tiene un peso muy significativo en la economía española, en términos de valor añadido, exportaciones y empleo. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima tiene como objetivo disponer de cinco millones de vehículos eléctricos en 2030, y para 2023 se ha establecido la meta intermedia de que circulen 250.000 vehículos eléctricos. Para alcanzar estas cifras es necesario incrementar la red de recarga pública de alta capacidad, cuya deficiencia es uno de los motivos que frena muchas decisiones de compra de este tipo de vehículos.