autoconsumo

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, anunció la pasada semana durante una reunión telemática con las comunidades autónomas, con motivo de la Conferencia Sectorial de Energía, que las ayudas para la movilidad sostenible y el autoconsumo se van a incrementar con 900 millones de euros más, en concreto el MOVES III alcanzará un presupuesto de 1.200 millones, tras una ampliación de 400 millones y el fomento del autoconsumo contará con 500 millones de euros adicionales, según lo previsto en el Plan+SE.

 

Las administraciones podrán así gestionar las ayudas y contribuir al mantenimiento de los hitos fijados por la normativa para tramitar proyectos de energías renovables. Ribera presentó el informe de ejecución del Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), y recordó que las comunidades autónomas deben remitir sus planes de ahorro y eficiencia antes del 1 de diciembre. Durante el encuentro también se ha tratado la evolución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, cuya implementación depende tanto del Gobierno central como de los regionales.

 

Más recursos para agilizar expedientes

Igualmente y a petición de las comunidades autónomas, se ha planteado incrementar hasta el 5 % los gastos de gestión de los expedientes que pueden justificar las comunidades autónomas en el citado MOVES III, ahora situado en el 2,5 %, y el programa de Incentivos al autoconsumo, el almacenamiento energético y las instalaciones térmicas con renovables, actualmente en el 3 %. La subida permitirá aumentar los recursos administrativos y agilizar las tramitaciones. El programa ha recibido hasta ahora más de 90.000 solicitudes y 15 comunidades autónomas han solicitado su ampliación.

 

Mantenimiento de los hitos de la tramitación de renovables

Finalmente, en la Conferencia se ha confirmado que se mantienen los hitos marcados por la normativa para tramitar los proyectos de energías renovables, con los objetivos de evitar el bloqueo de la capacidad de acceso a la red eléctrica, garantizar la seguridad jurídica de los promotores y demostrar la credibilidad de la Administración a la hora de cumplir sus compromisos.

Los proyectos de renovables tienen cinco años para ejecutarse desde el momento en que obtienen el derecho de acceso a la red eléctrica, con varios hitos intermedios que deben cumplirse. El próximo 25 de enero se cumple el plazo para que numerosos proyectos obtengan la Declaración de Impacto Ambiental.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí