La negociación para la interconexión eléctrica entre España y Francia avanza según lo previsto

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está analizando con el regulador francés la financiación de la interconexión eléctrica Bahía de Vizcaya ante el incremento de costes declarado por los promotores, dentro de los plazos previstos. No hay ninguna decisión que implique la renuncia a dicho proyecto.

En estos momentos, la CNMC y la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) están analizando los incrementos en el presupuesto de ejecución y las implicaciones sobre el acuerdo de reparto de costes entre países de la citada interconexión eléctrica.

Bahía de Vizcaya fue declarado un proyecto de interés común por la Comisión Europea en 2013 y en 2015. Impulsado por los gestores de redes de transporte español y francés, REE y RTE, deberá entrar en servicio en 2028. Esta nueva línea duplicará prácticamente la capacidad de interconexión eléctrica entre España y Francia, que pasará de 2,8 GW (Gigavatios) a 5 GW.

Liquidaciones del sector eléctrico y de energías renovables

Por otro lado, la CNMC ha anunciado que en la liquidación 11/2022 del sector eléctrico, se ha producido una desviación transitoria entre ingresos y costes de +4.850,1 millones de euros. El total de ingresos ha sido de 17.035,7 millones de euros, mientras los costes se han elevado a 12.958 millones. Dado que los ingresos han sido suficientes para cubrir los costes reconocidos, el coeficiente de cobertura (la relación entre los costes que se pueden pagar con los ingresos disponibles y los que se deberían pagar con cargo a las liquidaciones provisionales) es del 100 %. La demanda en consumo se situó en 190.895 GWh.

En el ámbito de las energías renovables, cogeneración y residuos, se han liquidado 63.150 instalaciones. La liquidación realizada durante el mes de noviembre se acumula a las anteriores del ejercicio 2022, sumando un total (desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre) de 4.498,8 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). Del total acumulado, 4.439,6 millones de euros son pagados con cargo al sector eléctrico, mientras que 59,1 millones de euros lo son con cargo a Presupuestos Generales del Estados y corresponden al 50 % de la retribución específica de instalaciones ubicadas en territorios no peninsulares.