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CNI demanda al Gobierno medidas urgentes ante la falta de profesionales cualificados

La Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores, CNI Instaladores, considera que “el mercado exige ya profesionales cualificados con urgencia”, y añaden que “necesitamos unas medidas que puedan ponerse en marcha de inmediato para captar profesionales e incrementar exponencialmente el número de alumnos, al mismo tiempo que facilitamos al máximo los trámites en su formación y ayudamos a las empresas en la gestión de la formación dual”. La demanda la dirigen directamente al Gobierno, al que solicitan “establecer un estrategia clara y rápida como han hecho otros países de la Unión Europea en su momento”.
La nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificios, obligará a los estados miembro a incluir en sus planes nacionales de rehabilitación políticas que aseguren la disponibilidad de suficientes profesionales técnicos debidamente cualificados. En España, con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, la población joven carece de interés por las profesiones del sector de la construcción y sus anexos, como es el caso de las instalaciones, y la legislación actual de Formación Profesional requiere una actualización urgente.
Facilitar la homologación con países de habla hispana en Latinoamérica
CNI considera que una modificación de la Ley de Formación Profesional no es suficiente porque se requiere un tiempo para su implementación. De tal forma que añaden la necesidad de “un plan urgente para la homologación de títulos y certificados profesionales” para todos los países de habla hispana en Latinoamérica, y requieren también que nuestro país “debe plantearse seriamente políticas de inmigración ambiciosas que atraigan a España profesionales en activo o futuros alumnos capaces de formarse a corto plazo”, afirma el presidente de la Confederación, Luis Nevares. Todo ello al tiempo que se debería “iniciar una campaña publicitaria potente para atraer a los jóvenes de nuestro país a nuestras profesiones”.
“Actualmente, varias empresas asociadas a CNI tienen la posibilidad de contratar profesionales muy capacitados de Sudamérica, con certificados de profesionalidad que no son reconocidos en España. Deberíamos buscar las vías de homologar esos certificados de una forma ágil”, asegura Andrés Salcedo, vicepresidente de la organización.
En julio de 2021, CNI transmitió al Ministerio de Educación diversas propuestas para el anteproyecto de Ley de Formación Profesional, entre las que se citaban ayudas al alumnado y a la empresa para cubrir parte de los gastos asociados, no discriminar al alumnado por su edad, igualdad de condiciones de acceso a la formación, seguridad social para el alumnado en formación, incluir en el temario los contenidos de prevención en riesgos laborales o la formación simultánea en competencias digitales básicas que faciliten la inserción laboral del alumnado. Aunque el proyecto de Real Decreto publicado recoge alguna de esas demandas, CNI considera que existen aspectos a mejorar como:
- Incluir en el temario del período de formación, la prevención de riesgos laborales, obligatoria para iniciar la formación en la empresa y que los alumnos puedan incorporarse a la misma sin necesidad de hacer un curso adicional.
- Dado que la actividad en la empresa es formativa, no se debería exigir ninguna documentación o requisito adicional al alumnado menor de 18 años, ni aplicarles limitaciones con respecto a los mayores de edad.
- Permitir a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea que no han permanecido de forma continuada dos años, la posibilidad de matricularse y formarse siempre que haya plazas disponibles.
- Incluir la movilidad en los módulos de habilidades y capacidades transversales. Porque la movilidad es esencial para que las personas puedan acceder al trabajo y a los servicios públicos esenciales de forma segura. Habilitación conducción de vehículos ligeros (categoría B) apartados teóricos, ciclomotores (categoría A) bicicletas, patinetes etc.
- Permitir participar en el proceso de selección conjuntamente a un representante de la empresa y a los representantes del centro y permitir que la empresa delegue el proceso de selección en los representantes del centro, respetando los criterios de selección establecidos entre empresa y centro.