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Una sentencia europea podría obligar a las a las Administraciones Públicas a devolver 3.000 millones de euros a sus proveedores

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Rueda de Prensa de la PMcM

Así lo denunció la pasada semana en Madrid la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, con su presidente, Antoni Cañete, a la cabeza, en la presentación del Informe sobre Morosidad 2015 antes los medios de comunicación. La PMcM se compromete, además, a ayudar de forma gratuita a todos ellos de cara a que no prescriba la reclamación de los intereses de demora, cuyo cumplimiento está previsto para el próximo mes de mayo, presumiblemente coincidiendo en el tiempo con la sentencia que debe dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese caso, los afectados apenas tendrían tiempo para reaccionar y lo serían todos aquellos que cobraron en la primera fase del plan de pago a proveedores.

Según el citado informe el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago; el 83% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y al 72% se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley.

Cañete aseguró durante la rueda de prensa que “para atajar realmente la lacra de la morosidad en el ámbito público como en el privado “necesitamos un revulsivo y este creemos y esperamos que vendrá de la mano de la Unión Europea”. La sentencia de Brueselas obligaría a que las administraciones liquidasen a los proveedores alrededor de 3.000 millones de euros, en concepto de intereses de demora devengados, a los que en su momento fueron obligados a renunciar en virtud del artículo 9.2 del Real Decreto ley 4/2012, si querían cobrar sus facturas atrasadas. El problema vendría dado por el escaso “tiempo para reaccionar, al prescribir parte de la deuda este mayo”, argumenta el presidente de la PMcM. Por todo ello es necesario efectuar la reclamación antes de que cumpla el plazo, se haya dictado la sentencia o no y la Plataforma quiere ayudar a los proveedores facilitando la labor a través de su web y con una herramienta online gratuita para la estimación del cálculo de intereses.

Mejora de los plazos de pago a proveedores

Por otro lado, la PMcM informó también sobre la reducción del plazo medio de pago, tanto en el sector público como en el privado, pasando respectivamente de 82 a 75 y de 89 a 85 días, aunque manteniéndose lejos de los 30 y 60 días que establece la ley. La evolución, sin embargo, es claramente diferente, porque en el primero se ha avanzado progresivamente desde los 162 días del año 2011, mientras en el segundo la evolución es mínima, porque en 2011 el plazo de pago se elevaba a 98 días. Además, por segundo ejercicio consecutivo el sector público paga antes que el sector privado, circunstancia inédita hasta 2014.

Cuadro sobre plazos de pago en el sector privado

El estudio también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 4,4%, lo que significó una reducción de 1,3 puntos porcentuales respecto a 2014 (5,7%). “Este dato es trascendental para que no cierren empresas”, explica Antoni Cañete, aunque todavía estamos lejos de la media europea, que se sitúa en el 3%.

Cuadro sobre plazos de pago en el sector público

Cañete avanzó que “sólo un 72% de las empresas exigen contratos a 60 días, por un 28% que no lo hace”, para subrayar la “posición de dominio del cliente respecto al proveedor”, un lastre para el proceso. “Las empresas del IBEX utilizan esa posición para mejorar su posición financiera, cobrando antes y pagando cada vez más tarde”. En opinión del presidente de la Plataforma, “esta situación debe acabarse cuanto antes, puesto que la morosidad ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”, y aprovechó para volver a reivindicar la necesidad de implantar un régimen sancionador, “a favor del cual están, según nuestra encuesta, un 95% de las empresas, es decir la práctica totalidad”. En este sentido destaca también la mayor sensibilidad de los diferentes partidos políticos hacia la morosidad, como se refleja en los diferentes programas e incluso en el pacto anunciado por PSOE-Ciudadanos para un acuerdo de Gobierno.

No obstante, se lamentó del “escándalo” que supone “que empresas que exhiben su sello de Responsabilidad Social Corporativa, paguen luego a más de 200 y 300 días” y subrayó que “la voluntad no sirve para que el cambio se constate en hechos concretos y sólo nuestra memoria y esos mismos hechos nos sirven para saber de dónde venimos y adónde vamos en materia de morosidad”.

Nueva fórmula del ICAC

El presidente de la PMcM también adelantó otros “avances”, como que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha emitido una resolución sobre la fórmula de cálculo de las cuentas de pago que mejora la anterior. Así, “las memorias de las empresas señalarán el plazo medio de pago, en vez del excedido, simplificando de este modo los datos. Esperamos que no se detecten nuevos resquicios que permitan eludir el cumplimiento de la ley”.