SHARE
Antoni Cañete, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados

El secretario general de la patronal de pymes catalanas, Pimec, y también presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y vicepresidente de la Plataforma Pymes, Antoni Cañete, compareció el pasado lunes en el Congreso en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica para hacer patente la situación de las pymes en medio de la crisis y su condición de factor clave y estratégico para la reactivación. Cañete inició su intervención lamentando que “las voces de las pymes no se hayan escuchado nada o muy poco en esta cámara”, y añadió “sin las pymes no saldremos de ésta, no podemos plantear ninguna estrategia de recuperación sin contar con el 99,8 % de las empresas de nuestro país, que aportamos casi el 70 % del empleo y casi el 60 % del PIB”. Cañete les pidió también a los diputados que “cuiden y salven a los que pagan impuestos. Sin ellos será imposible financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales”.

El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha sido uno de los 20 representantes de la sociedad civil elegidos para formar parte de grupo de trabajo Reactivación Económica de esta Comisión, que tiene como objetivo proponer medidas de impulso en el escenario post COVID-19 en los diferentes ámbitos productivos. Cañete aprovechó para lamentar las duras consecuencias de la crisis para el tejido de pymes y autónomos, “un 20 % de los cuales no volverá a levantar su persiana”, según datos de Pimec. Además efectuó una propuesta para lograr un crecimiento sólido, justo y sostenible basado en tres ejes fundamentales: innovación y conocimiento, productividad y competitividad y, finalmente, voz y representación real. En torno al primero de esos ejes propuso un Pacto de Estado para la Formación Profesional, “posiblemente el elemento de competitividad más importante de un país”. Y recordó que la FP se basa en la oferta de nuestros centros educativos, pero “lo adecuado sería basarse en la demanda de nuestro sistema productivo” y por tanto pedimos que se reconozca el papel formativo de la empresa.

150.000 millones de euros de liquidez «que no comprometen al país»

Con respecto a la morosidad lamentó también que “durante esta crisis hemos obligado a las empresas a endeudarse a través de créditos ICO, cuando la solución podría haber sido eliminar la morosidad”. En este sentido propuso medidas que supondrían una inyección de más de 150.000 millones de euros de liquidez al sistema, sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país: que las administraciones paguen sus facturas pendientes (14.000 millones de euros); que las empresas cotizadas, sin problemas de liquidez ni de financiación, abonen 122.000 millones pendientes de pago a sus proveedores; que los ayuntamientos liberes los 12.000 millones de remanentes que tienen en cuentas corrientes para salvar autónomos y pymes; que se cambie el criterio liquidación del IVA y solo se ingrese el IVA cobrado; que se devuelva de manera inmediata el IVA a compensar retenido por Hacienda; y que los grandes contratistas paguen a sus proveedores. Y remarcó que “poner fin a la morosidad es un elemento esencial de viabilidad y competitividad de un país” y por tanto ha pedido una vez más que “aprueben la ya presentada proposición de ley de multas para los morosos. Urge un régimen sancionador”.

Por último reclamó que en el modelo hacia la reconstrucción, “las pymes tienen que situarse en el puente de mando, con la voz y la representación que les corresponde. Ahora no la tienen” y también requirió “generar una nueva base económica, más inclusiva, amparada por un Pacto de Estado entre las diferentes fuerzas políticas y sociales”. Al término de su comparecencia entregó un documento con propuestas de enmiendas a los Reales Decreto-Ley aprobados durante el Estado de Alarma, que incluyen la mejora de las prestaciones para autónomos, modificación de permiso retribuido recuperable, restitución de los fondos de formación profesional, incentivos fiscales para las inversiones empresariales de prevención del COVID -19, flexibilización de los ERTE por fuerza mayor, desgravación fiscal de las reducciones y condonaciones de alquileres a pymes para favorecer su aplicación y rebaja del IVA de los sectores más afectados por el confinamiento.