La PMcM denuncia que Cepyme defiende los intereses de las grandes empresas en la morosidad

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad asegura que “Cepyme, Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, no protege a las pymes con voz propia, sino a los intereses de las grandes compañías” y lo hace por el hecho de que la patronal haya calificado como “desproporcionado” que se prohíba a las compañías morosas acceder a subvenciones públicas, tal y como ha denunciado en un comunicado y en las mesas de diálogo y representación.

En un comunicado emitido por la PMcM se asegura que “en general, los mayores morosos —que muchas veces actúan con posición de dominio— son las grandes empresas y, los perjudicados, las pymes. Este hecho se constata tanto en los informes del Ministerio de Economía como en los de la Comisión Europea, de la PMcM y de la propia Cepyme”. Por ello concluyen que “Cepyme está defendiendo los intereses de las grandes empresas morosas, pretendiendo premiar el incumplimiento de la ley aportando fondos públicos y ayudas europeas a las empresas que violan la ley de morosidad; todos presuponíamos que entre sus principios no estaría promover el incumplimiento de la ley…”, palabras que cita expresamente en boca de su presidente, Antoni Cañete.

En cuestión “la objetividad de las propuestas de Cepyme”

Siguiendo con la argumentación, “este hecho pone en cuestión la objetividad de las peticiones y propuestas de Cepyme, y compromete la honestidad de sus informes y, por ende, de su Observatorio de la Morosidad”. Este último consideran que ha sido creado “de forma muy oportuna, al hilo del anuncio de que la Ley Crea y Crece promoverá uno”. Para Cañete, “quien lidere el Observatorio de la Morosidad del Estado debe ser absolutamente objetivo y conocer bien la realidad de esta lacra, que afecta principalmente a pymes y autónomos ante la posición dominante de las grandes empresas y compañías de mayor dimensión, principalmente”.

El último análisis de las empresas del IBEX elaborado por la propia PMcM, refleja que el plazo medio de pago era de 191 días, más del triple que los 60 legales. Por lo que respecta a las administraciones públicas, la Plataforma constata que los datos de Hacienda dicen que los ayuntamientos pagan a una media de 70 días, en vez de a un máximo de 30 como marca la ley. La ratio de las operaciones pendientes de pago del conjunto de los ayuntamientos a septiembre superaba los 142 días.

Para Cañete, “el retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera, más si cabe en empresas que tienen liquidez”. Según las estimaciones realizadas por la PMcM sobre los datos de la CNMV referidos a 2020, las compañías cotizadas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, triplicando el plazo legal permitido (60 días) y aumentando 14 días respecto a 2019. Además, tenían en cartera 81.786 millones de euros sobrepasando los 60 días legales.