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La Ley Crea y Crece, ¿una herramienta para luchar contra la morosidad y reducir trabas al negocio de las pymes?

El Anteproyecto de Ley Crea y Crece quiere servir para impulsar la creación de empresas y fomentar su expansión a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

 

Agilizar la creación de empresas

El texto establece la posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro, frente a los 3.000 euros actuales, e introduce reformas para facilitar la constitución de empresas de forma telemática a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas.

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Medidas de lucha contra la morosidad

La norma incluye medidas para avanzar en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que constituye una lacra especialmente para las pymes. En este sentido impulsa la adopción de la factura electrónica, modificando la normativa actual y ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos entre ellas. Esta medida permitirá obtener información fiable y ágil para conocer los plazos efectivos de pago, requisito indispensable para poder reducir la morosidad de manera eficaz.

Asimismo, se establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad no podrán acceder a una subvención pública. Para su acreditación, las empresas deberán presentar una declaración responsable ante el órgano concedente, quien podrá verificarlo mediante la información que provea la factura electrónica, y que la autoridad concedente de la subvención podrá requerir al beneficiario. Se reforzará también la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas.

Finalmente, se creará un Observatorio de Morosidad Nacional, que se encargará del seguimiento y evolución de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas en este ámbito.

 

Mejor regulación y eliminación de obstáculos a la actividad económica

El Anteproyecto de Ley tiene como objetivo también la mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas para simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles.

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Con este objetivo se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia e incorporando al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una Comunidad Autónoma.

Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para profundizar en la cooperación y confianza mutua entre las diferentes Administraciones Públicas y reforzar las ventanillas en las que las empresas pueden reclamar cuando consideran que las Administraciones no cumplen los principios de buena regulación económica.

 

Valoración de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

Desde la PMcM se considera que “la Ley Crea y Crece va en la buena dirección y es una condición necesaria, pero no suficiente”, y reclaman mejoras en el trámite parlamentaria, por ejemplo, que se exija “una comprobación fehaciente de que las empresas (para que reciban el dinero público) cumplen la ley de morosidad, esto es, que no sea solo porque presenten una declaración responsable”.

También valora su presidente, Antoni Cañete, como insuficiente la facturación electrónica, “porque si cuando pagas mal no te pasa nada, continuarás pagando mal, porque es lo que viene Antoni Cañete, reelegido presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidadsucediendo continuamente”, y añade que “para que la ley sea eficaz y eficiente debería implementarse un régimen de sanción de incumplimiento”. Cañete lamenta que haya pasado más de un año desde que el Congreso aprobara por unanimidad sacar adelante dicho régimen, pero que siga sin estar en vigor por “las numerosas ampliaciones del plazo de enmiendas, más de 40”.

Entre los augurios que esboza la PMcM, está “un empeoramiento de la situación financiera de las pymes, que ya es delicada y sobre la que incide sobremanera la morosidad”, y lo sustenta en que el plazo medio es, según su último análisis, de 191 días frente a los 60 legales, mientras los ayuntamientos lo hacen a una media de 70 días, en vez de a un máximo de 30 como marca la ley. La PMcM considera que “en la actualidad, medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”. Según sus estimaciones sobre los datos de la CNMV referidos a 2020, las compañías cotizadas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, triplicando el plazo legal permitido (60 días) y aumentando 14 días respecto a 2019.