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Economía

La Ley de Contratos del Sector Público del Gobierno encuentra la oposición de PSOE, Ciudadanos y Podemos

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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

Los tres partidos en la oposición han sumado fuerzas esta semana para luchar contra la Ley de Contratos del Sector Público del Gobierno y pretenden derogar los artículos que perjudican a los proveedores, a través de enmiendas para evitar que la norma favorezca a las grandes empresas -sobre todo, constructoras- y les permita disparar sus plazos de pago. Además, la oposición tumbará la posibilidad de ampliar el tiempo de certificación de las Administraciones Publicas, otro de los puntos considerados clave en la norma del Ministerio de Hacienda.

En concreto, las enmiendas quieren eliminar el artículo 214.5 de la ley, que permite a los contratistas “pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores” a los legales, siempre que dicho pacto “no constituya una cláusula abusiva” y que el pago se instrumente mediante un documento negociable que lleve aparejada la acción cambiaria, cuyos gastos de descuento o negociación corran en su integridad de cuenta del contratista. La posibilidad de pacto entre las partes produce una incertidumbre legal sobre el plazo de pago máximo aplicable a los suministradores y subcontratistas del contratista, de tal forma que las grandes constructoras pueden usarlo para financiarse a costa de sus proveedores.

Los partidos de la oposición quieren también que cuando el contratista incumpla los plazos de pago, sea el órgano de contratación, con cargo al contratista principal, quien abone directamente al subcontratista o suministrador las cantidades que se le adeuden. Además ese abono incluirá el importe satisfecho “y los correspondientes intereses de demora del precio del contrato”. El tipo aplicable a estos intereses asciende, durante el primer semestre de 2017, al 8%. Incluso UPN, que es socio electoral del PP, también está de acuerdo con la enmienda para modificar el citado artículo 214.5.

Este artículo da la vuelta al criterio mantenido hasta ahora por el Gobierno, cuyo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presumido de que la lucha contra la morosidad era uno de los principales logros obtenidos por el Gobierno de Mariano Rajoy, de hecho en la anterior legislatura se aprobaron planes de pago a proveedores por valor de casi 42.000 millones de euros.