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Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo

La pasada semana, durante uno de los últimos plenos en el Congreso de los Diputados y antes del cierre de la legislatura, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, avanzó que el Gobierno quiere aprobar el marco estratégico de la política de pymes 2030 antes de la convocatoria electoral del próximo 28 de abril. Dicho marco estratégico está asesorado por el Consejo Estatal de la Pyme, que también ha recomendado al Ejecutivo la implantación de un régimen sancionador para la morosidad, un sistema arbitral de morosidad y códigos de buenas prácticas.

Sin embargo, la ministra no cree que el citado reglamento pueda aprobarse, sino sólo el consejo favorable para su implantación, como parte del conjunto de recomendaciones para la mejora de la competitividad de las pymes, afrontar los retos de la economía global y favorecer su crecimiento. La ministra, no obstante, sí puso el énfasis en la necesidad de adoptar medidas para luchar contra la morosidad, y añadió que existe aún «un gran margen de mejora» en los plazos de pago tanto de las administraciones públicas como entre empresas. Lamentó también que no haya habido acuerdo entre los grupos para el establecimiento de este régimen sancionador y se comprometió a ahondar en este asunto en la próxima legislatura, en caso de seguir en el Gobierno.

La respuesta de la ministra se producía a raíz de la pregunta del diputado de PDeCAT Ferrán Bel, que reclamó retomar la negociación del proyecto de ley de lucha contra la morosidad empresarial, aunque no es partidario de convalidar reales decretos leyes en la diputación permanente. No obstante, Bel insistió en la relevancia de contar con el régimen sancionador para la morosidad, que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad acaba de volver a reclamar estos días, después de informar de un nuevo incremento en los plazos de pago en 2018, tanto en el ámbito público como en el privado.