Ribera retrasa su reforma eléctrica, después de las quejas en el sector eléctrico

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha decidido aplazar una semana la reforma eléctrica que tiene en cartera después de las quejas expresadas en el sector eléctrico, por empresas comercializadoras y también por el sector renovable, según anuncia en una información el diario digital El Economista.  

Con el nuevo Real-Decreto Ley que prepara, el Gobierno quiere poder rebajar el recibo de la luz el próximo año, a través de una mayor vinculación entre el coste de las renovables y la tarifa del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, así como también la de la industria. Presumiblemente, la propuesta irá a la reunión del Consejo de Ministros de la semana próxima, después de que Ribera haya decidido posponerla ante la inquietud del sector y también de parte del mercado o las entidades de financiación. La vicepresidenta había informado hace unos días a las asociaciones de renovables, tal y como informó también El Economista, sobre su decisión de continuar adelante con la medida, con el objetivo de poder abaratar el recibo de forma extraordinaria el próximo año. También les solicitó comentarios a la propuesta antes de que fuera aprobada y se comprometió a respetar las tasas de rentabilidad pactadas con la industria.

En este sentido, la propuesta del Ejecutivo consiste en plantear un precio regulado para las renovables, en torno a los 50 ó 60 euros por megawatio hora, fuera del mercado mayorista. Pero este sector considera que la medida supone un ataque a sus resultados económicos que elevaría sus costes de financiación y, por tanto, les devolvería a la situación que ya sufrieron en su momento de inseguridad jurídica. También las comercializadoras de energía se han manifestado en contra de la medida, frente a las grandes eléctricas, también presentes en generación, pero que resultarían beneficiadas por el Real-Decreto Ley al poder ofrecer precios muy atractivos a sus clientes. Las comercializadoras independientes ven reducido su margen y su viabilidad económica con la iniciativa, mientras que las grandes eléctricas podrían contrarrestar las pérdidas que sufrirían en sus actividades de comercialización con unas sustanciales mayores ganancias en el apartado de generación.

Ante las respuestas recibidas del sector y de otros ámbitos como la banca, la vicepresidenta y el Gobierno al completo habrían decidido retrasar la aprobación y estudiar la medida con mayor detenimiento.