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Agremia pide una regulación urgente y separada las deducciones fiscales tras la no aprobación del RD 2/2026
El rechazo del Real Decreto-ley 2/2026, conocido como “escudo social”, por parte del pleno del Congreso de los Diputados el pasado jueves 26 ha supuesto una decisión que deja en el aire diversas deducciones del IRPF con impacto directo en la próxima Declaración de la Renta, entre ellas las vinculadas a actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas.
Desde Agremia, Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, se advierte que “esta nueva situación de bloqueo normativo vuelve a generar incertidumbre entre los propietarios que estaban valorando acometer reformas para mejorar la eficiencia de sus viviendas, renovar instalaciones o sustituir equipos por otros más eficientes”, y añaden también que “la falta de continuidad normativa, señalan, retrasa decisiones de inversión y paraliza actuaciones clave para avanzar en la modernización del parque edificado”.
La posible pérdida de deducciones fiscales en el IRPF desincentiva inversiones que contribuyen a modernizar el parque residencial y a cumplir los objetivos de eficiencia energética. En este caso estaríamos hablando de la pérdida de deducciones que pueden alcanzar los 9.000 euros por contribuyente que, de haber sido aprobado el real decreto y unido al incentivo económico que se puede obtener también a través de la gestión de Certificados de Ahorros Energético, supone que los usuarios puedan recuperar un porcentaje significativo de la inversión y constituyan, por lo tanto, una motivación esencial para acometer la reforma de su instalación térmica.
«Imprescindible que las deducciones fiscales se regulen de forma independiente y urgente»
La directora general de Agremia, Inmaculada Peiró, señala que “la rehabilitación energética necesita estabilidad y continuidad en el tiempo. No podemos trasladar a los ciudadanos un mensaje de impulso a la modernización de sus viviendas y, al mismo tiempo, mantener en el aire los incentivos fiscales que hacen viables muchas actuaciones”, y añade que “es imprescindible que las deducciones se regulen de forma independiente y urgente, al margen de otros debates legislativos, para ofrecer seguridad jurídica y recuperar la confianza”.
El parque inmobiliario español está claramente envejecido, con un elevado porcentaje de edificios construidos antes de la entrada en vigor de normativas exigentes en materia de eficiencia energética, y necesita por ello afrontar con urgencia el reto de su renovación. Labores como la mejora del aislamiento, la sustitución de sistemas térmicos obsoletos, la instalación de equipos de alta eficiencia o la incorporación de soluciones renovables son actuaciones que no sólo reducen el consumo energético, sino que incrementan el confort, revalorizan los inmuebles y contribuyen a los objetivos de descarbonización.
Para abordar la descarbonización del parque edificado con plenas garantías, Peiró insiste en que “regular cuanto antes y de manera separada las deducciones vinculadas a la rehabilitación energética es fundamental para recuperar la estabilidad del sector y dar tranquilidad a los ciudadanos”, y concluye también que “sólo con un marco legislativo sostenido en el tiempo podremos acelerar el ritmo de renovación que necesita nuestro parque residencial”.
