El máximo ejecutivo de Aedive, el clúster que aglutina al ecosistema de la movilidad eléctrica, ofrece en esta entrevista su visión sobre aspectos de la actualidad de un sector en auge, que vive un momento decisivo en su expansión. Pérez de Lucía aborda la situación de la infraestructura de recarga o la pendiente reforma fiscal, entre otras cuestiones.
La movilidad eléctrica sigue padeciendo la ambivalencia de ser un sector de crecimiento desbordado e inexorable, pero insuficiente aún para las necesidades previstas, 100.000 vehículos al año cuando son necesarios 600.000 anuales y aunque 2023 parece que concluirá en el entorno de los 140.000, ¿cómo ve la meta de los 5,5 millones para 2030, aumentada en el borrador del nuevo PNIEC?
El objetivo de 5 millones de vehículos eléctricos para 2030 ya era suficientemente ambicioso y ahora se incrementa en medio millón de unidades más. El problema no es la ambición, sino las herramientas para apostar por ese objetivo. De hecho, podrían superarse, pero para ello seguimos pendientes de una reforma fiscal que ponga el foco en un plan de ayudas que se perciban en el momento de la compra y que éstas no computen como rendimientos del trabajo.
También, de que se acelere la eliminación de barreras al despliegue la infraestructura de recarga pública de cara a los operadores y en su relación con las compañías distribuidoras, con la disponibilidad de un mapa de potencias en España y mayor transparencia en la información y la interrelación con los operadores de recarga.
En tercer lugar, tienen que establecerse los mecanismos necesarios para que la regulación se cumpla en España, ya que leyes que abogan por acelerar el impulso de la movilidad eléctrica no son acatadas por el sector terciario ni por algunas administraciones públicas, como sucede con el RDL 29/2021 en cuanto a los objetivos de implementación de puntos de carga en edificios no residenciales y de la Administración o en la declaraciones responsables, o la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, en lo que atañe a los puntos de recarga a instalar en estaciones de servicio en función del suministro de litros de combustible.
El Anuario de AEDIVE, primer estudio completo y concluyente del sector, ordena todas sus cifras, ¿qué aspectos o conclusiones destacaría especialmente de sus datos y valoraciones?
Que el 2022 ha sido un año especialmente importante para el desarrollo de la movilidad eléctrica en número de matriculaciones, superando por primera vez la cifra de 100.000 unidades, que la red de recarga pública es mucho mejor de lo que se venía diciendo por fuentes no autorizadas y que su uso de media, es muy bajo todavía (4,2%), si bien es importante hacerla crecer de cara al parque previsible de los próximos años. Que tenemos una cadena de valor potente en fabricación nacional de vehículos y puntos de recarga, así como un ecosistema industrial, tecnológico y de servicios que pocos países tienen en comparación y que seguimos avanzando, pero que es fundamental incidir en la colaboración público-privada y público-público para alcanzar los retos previstos.
“Seguimos pendientes de una reforma fiscal que ponga el foco en un plan de ayudas que se perciban en el momento de la compra y que éstas no computen como rendimientos del trabajo”
Señalan en él que “2022 ha supuesto un hito por parte del Gobierno en la resolución de problemas de ámbito público y que ya están teniendo reflejo regulatorio en 2023”, ¿cuáles considera que han sido los principales avances y cómo considera que repercuten en el sector?
El desarrollo regulatorio ha sido importante para derribar las barreras de la infraestructura de recarga pública, si bien, como he señalado, hace falta que su cumplimiento sea estricto y su velocidad de implementación más rápida. También, la intensidad de las ayudas estatales a la compra de vehículos eléctricos es sensiblemente mayor que la de otros mercados en desarrollo, aunque falta resolver la inmediatez de la recepción de esas ayudas al consumidor.
Aunque la insuficiente infraestructura de recarga sigue siendo un problema, sus datos constatan que en 2022 crecieron por primera vez más que la venta de vehículos y que la proporción de carga rápida es mejor de lo que se cree, ¿cómo valora el estado actual de la infraestructura y cuáles son las prioridades inmediatas?, ¿en qué medida la falta de agilidad en la tramitación sigue lastrando su avance?
La infraestructura de recarga pública sigue avanzando. El problema no es tanto cuantitativo como cualitativo. Lo importante es tener una infraestructura de recarga en el lugar adecuado y con la potencia requerida, capaz de dar respuesta a las necesidades del usuario. Se ha notado cierta agilización desde la perspectiva del operador, pero sigue habiendo un retraso notable desde la parte de las distribuidoras y una infraestructura de recarga necesita acompasar la velocidad de ambas actividades para que el resultado final sea satisfactorio.
“En la infraestructura de recarga se ha notado cierta agilización con respecto al operador, pero hay un retraso notable en relación con las distribuidoras”
Han valorado positivamente la propuesta de la CNMC para eliminar barreras al despliegue, pero también han señalado varios aspectos mejorables, ¿qué prioridades consideran que existen en este sentido?, ¿participa AEDIVE activamente en estas propuestas de mejoras?
Participamos activamente en las propuestas de mejora, pues somos la asociación de referencia como órgano de consulta en materia de movilidad eléctrica para las administraciones públicas, ya que incorporamos a toda la cadena de valor del sector y tenemos una visión holística y completa, con un knowhow de más de una década.
Dicho esto, las propuestas nos parecen positivas, pero insuficientes en la medida en que seguimos teniendo los mismos problemas. Es como rebajar la altura de la valla, que permite saltarla con algo más de facilidad, pero sin que el obstáculo haya desaparecido, por lo que es preciso seguir trabajando.
Otro problema son las IRVES no operativas, ¿cómo creen que se deben actuar para paliar esta circunstancia?, ¿en qué medida considera que el desarrollo lento, aunque sea constante, lastra a un sector de actividad que sigue siendo novedoso, pero en el que algunas infraestructuras o la propia realidad del sector corre el riesgo de ir quedándose anticuada a cada paso?
Evidentemente, son muchas más las infraestructuras de recarga pública activas que las que están a la espera de los permisos y licencias necesarios para su activación, pero sigue siendo un problema y en especial para los operadores, que no son los responsables de estos retrasos, pero que asumen el coste reputacional de que los usuarios y la ciudadanía vean que hay punto de carga de determinada empresa que no están operativos.
Obviamente, además del coste reputacional está el problema del riesgo de obsolescencia tecnológica en los equipos instalados a la espera de las autorizaciones pertinentes, ya que algunas llevan más de dos años si poder prestar servicio por retrasos administrativos. Por otro lado, está el perjuicio que supone para el operador de recarga la inversión en una infraestructura que no puede explotar por años.
“En lo que atañe a la movilidad eléctrica, hemos hecho mal los deberes tanto la administración pública como la propia industria, porque el ciudadano tiene hoy día mucha confusión respecto a la adquisición de vehículos eléctricos”
Desde AEDIVE han insistido en la relevancia de considerar a la movilidad sostenible como un vector decisivo de la eficiencia energética, ¿cree que existe la suficiente cultura en la sociedad con respecto a la sostenibilidad para vincularla naturalmente con todo el ecosistema renovable?, ¿qué falta para poder transmitir esa idea y avanzar en su comprensión?
Creo que en España trasladamos muy mal los mensajes a la sociedad y desde luego, en lo que atañe a la movilidad eléctrica, hemos hecho mal los deberes tanto la administración pública como la propia industria, porque el ciudadano tiene hoy día mucha confusión respecto a la adquisición de vehículos eléctricos.
Es fundamental coordinar los mensajes bajo una pátina de realidad, que ponga de relieve cómo está la movilidad eléctrica y que, a día de hoy, da respuesta a las necesidades de una gran mayoría de la población.
Por último, la movilidad sostenible, igual que las renovables, se enfrenta a un problema crucial con la escasez de profesionales necesarios para poder cumplir con los objetivos previstos y necesarios para cumplir con la descarbonización, ¿qué políticas activas valoran para intentar solventar esta dificultad y cómo cree que se debería actuar para ayudar a resolver el problema?
La formación profesional es una asignatura pendiente. A día de hoy, en un país que sufre el problema del paro, resulta grotesco que el sector de la movilidad eléctrica y de las energías renovables demanden una enorme cantidad de profesionales y que, por otro lado, no haya esa disponibilidad en el mercado.
