SHARE
Manifiesto empresarial sobre la situación de la contratación pública tras la pandemia

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Pimec, patronal catalana de la pequeña y mediana empresa y Plataforma Pymes han hecho público un manifiesto conjunto para ofrecer su opinión sobre la situación de la contratación pública en el contexto actual para hacer frente al COVID- 19. Aseguran que “la compra pública es uno de los principales motores de una economía, fundamental para dinamizar y garantizar la actividad de muchos sectores y empresas” y “en España representa aproximadamente el 18 % del PIB”.  El llamamiento empresarial se hace eco de “tradicionales carencias y problemas: lotes de gran volumen, morosidad en cascada, relaciones desiguales entre contratistas y subcontratistas…”, y añade que se suma ahora también “la falta de liquidez de contratistas y subcontratistas”. Por eso conminan a gobiernos y administraciones públicas a “encarar tres grandes retos urgentemente: garantizar los flujos de caja y de cobro, garantizar la demanda o mantener las cadenas de contratación pública; y afrontar tajantemente, la división de los contratos en lotes, ya sean sectoriales o por volumen”.

 

Asegurar los circuitos de pago

Habitualmente las empresas proveedoras de contratos públicos, sobre todo las subcontratistas, se enfrentan a problemas de cobro que, “ahora se han agravado por la paralización de la actividad y por las medidas preventivas de contratistas y administraciones públicas ante un futuro incierto, con retrasos y anulaciones de pagos que incrementan la morosidad”, señalan. Además mencionan también la deuda acumulada con los proveedores cuyo plazo, en algunos casos, puede superar los 6 meses, “lo que provoca que muchas empresas subcontratistas tengan que recurrir a financiación ICO para cubrir las facturas no cobradas”.

El manifiesto destaca que “las administraciones públicas deben garantizar el pago de sus deudas a todo el circuito de aprovisionamiento para impedir la ruptura de la cadena de pago”, de eso “depende la inyección de liquidez al sistema”, concluyen. Para ello subrayan los plazos legales de 30 días en el sector público y de entre 30 y 60 en el sector privado. Y añaden también la necesidad de “establecer en los contratos públicos cláusulas que faciliten el pago directo a subcontratistas o, simplemente, impulsar la contratación directa a pequeñas y medianas empresas especialistas”.

 

Mantener la cadena de contratación pública

El manifiesto señala que la “nueva licitación pública es, en este momento, prácticamente inexistente”. Constatan la paralización de la obra nueva y la suspensión de contratos en curso. Para garantizar la demanda de obra pública futura, las entidades firmantes consideran que las administraciones públicas deben “prorrogar los contratos, y facilitar la indemnización por paralización de obras y servicios” y también “realizar licitaciones de forma rápida y ágil, especialmente aquellas administraciones que disponen de capacidad de licitación”.

 

División de contratos en lotes

Otro punto destacado se fundamenta en “garantizar que una parte de la demanda pública se cubra por pequeñas y medianas empresas”, a través de la división de los contratos en lotes: por especialidad sectorial, por territorio o por volumen del contrato. Así se asegura que “un mayor número de empresas puedan concurrir a una oferta: para lotes más pequeños la solvencia económica requerida es menor, incrementándose el número de posibles ofertantes y posibilitando que la administración obtenga mejores 3 condiciones para la ejecución del contrato”.

 

Otros retos

El manifiesto también se refiere a la “disparidad de criterios”, que preocupa y complica a las empresas contratantes “a la hora de cobrar”. Por eso recomienda a las organizaciones de corporaciones municipales a adoptar y recomendar “criterios únicos de pago” y “directrices claras y precisas, especialmente para los casos de obras menores” que garanticen:

– El desconfinamiento de las actividades que puedan iniciar sus tareas próximamente de manera normalizada;

– La continuidad de las actividades que tendrán que mantener una situación de excepcionalidad debido al tipo de tareas que realizan

Por último y dado que “la mayoría de las empresas suministradoras prestarán su actividad en condiciones especiales de excepcionalidad no previstas”, “lo que implica incrementos en sus costes”, llaman a “examinar las licitaciones ya realizadas, contemplando cambios de precios o indemnizaciones compensatorias”.