SHARE
Propuestas de las comercializadoras eléctricas ante “el escenario actual de crisis energética y senda alcista de precios”

El aumento de precios de la energía que sufre España y la Unión Europea en su conjunto está teniendo “un impacto tremendo para las empresas comercializadoras de energía eléctrica independientes, que, a diferencia de los grupos de los operadores dominantes verticalmente integrados, están viéndose en una situación claramente comprometida”. Así lo asegura en un comunicado Aseme, Asociación de Empresas Eléctricas, que considera también que “ante las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, resulta obligado adoptar, con carácter urgente, medidas a su vez excepcionales, destinadas a proteger a los consumidores de electricidad, a garantizar a su vez la subsistencia de las empresas comercializadoras de energía eléctrica independientes, y a garantizar la competencia en beneficio último de los consumidores”.

 

Añaden también que, de no hacerlo, “se verá comprometida la libre competencia en el sector, que hace más de veinte años se introdujo como piedra angular de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico”. Para lograrlo, Aseme, cuyas empresas integradas reúnen a más de 470.000 clientes en su conjunto, ha presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un conjunto de propuestas, que se resumen del siguiente modo:

  • Intervención temporal en la fijación de los precios de la electricidad: Limitación del precio máximo de casación del mercado mayorista de electricidad y desacoplamiento del gas en el mercado marginalista.
  • Limitar temporalmente el precio máximo de casación del mercado diario de electricidad en 180 €/MWh
  • Desacoplamiento de las centrales de gas, del mercado marginalista de electricidad.

 

Además, una serie de medidas financieras para aliviar el estrés de caja de las empresas comercializadoras:

  • Aumentar plazos de pago a OMIE.
  • Reducción del IVA por la adquisición de energía eléctrica a OMIE y de la facturación de peajes de acceso.
  • Líneas de avales del Estado a favor de las comercializadoras de energía eléctrica para garantizar las obligaciones derivadas de contratos bilaterales (PPA).
  • Líneas de crédito sectoriales, gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
  • Fomento de la contratación a plazo mediante la convocatoria de subastas.
  • Urge poner en marcha las subastas de energía inframarginal gestionable y no emisora (nuclear e hidroeléctrica) contempladas en el Real Decreto-Ley 17/2021, de 14 de septiembre.
  • Fomento de la contratación bilateral.
  • Introducción de medida de salvaguarda para que no resulte de aplicación el mecanismo de minoración del exceso de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica contemplado en el RD-Ley 17/2021.

 

Reclaman un Pacto de Estado de la Energía

Además, Aseme propone contemplar una excepción a la aplicación del mecanismo de minoración del exceso de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica, cuando se acredite que la energía eléctrica producida por las instalaciones de producción afectadas por la medida se encuentre comprometida mediante contratación bilateral, celebrado con posterioridad a la adopción de dicha medida, que incluya un periodo de cobertura igual o superior a cinco años y su precio de cobertura sea fijo. Esta medida implicaría la modificación del apartado 1, letra b), de la Disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 17/2021, que actualmente contempla esta medida, pero con una cobertura mínima necesaria de un año, proponiéndose que este plazo sea como mínimo de cinco años.

Igualmente respaldan las medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno para mitigar el impacto negativo que la escalada de precios está teniendo sobre los consumidores y empresas, apoyando a su vez los planteamientos efectuados del Ejecutivo en el contexto de la Unión Europea. Y, por último, se ponen a su disposición para colaborar en el análisis y diseño de las medidas, que creen que “deben tomarse de la mano de un más que nunca necesario Pacto de Estado de la Energía”.