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Economía

Por una auténtica auditoría sobre los Costes de Transición a la Competencia

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La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PxNME) quiere que la Audiencia Nacional amplíe sus indagaciones sobre los Costes de Transición a la Competencia (CTC) del sistema eléctrico a todas las grandes compañías eléctricas y también al Gobierno actual. Así se lo va a pedir a la Fiscalía Anticorrupción, para que remita a la Audiencia Nacional todos los detalles que ha podido conocer en su investigación sobre las razones por las que los gobiernos de PSOE y PP no hayan reclamado a las eléctricas las cantidades excedidas que hayan recibido de dichos CTC. Todo ello surge tras la apertura de diligencias previas por parte de la Audiencia Nacional, después de que Ausbanc se querellase contra Endesa y los exministros socialistas Miguel Sebastián y Elena Salgado por no haber reclamado CTC´s por valor de más de 3.000 millones de euros. Ausbanc lo sustenta en un delito de prevaricación por omisión y un delito de estafa agravada.

La investigación había sido archivada en diciembre después de que no se hallaran indicios de delito. Mientras tanto, la Fiscalía ha rechazado ahora la apertura del caso, en respuesta a la propia Plataforma. Los CTC fueron creados en 1997 para resarcir económicamente a las eléctricas por las inversiones realizadas en generación hasta ese momento y teniendo en cuenta los riesgos añadidos que suponía la liberalización del mercado. De esta forma, se les aseguró un precio de la electricidad de 36 euros por megavatio hora (MWh), en caso de que el mercado marcase un precio inferior, aunque la compensación total no podía exceder los 10.200 millones de euros. Asimismo, también se les descontaban los ingresos que excedieran cuando el mercado superarse el citado precio de 36 euros por MWh, aunque en este caso y después de que eso ocurriese, los sucesivos gobiernos nunca han llegado a reclamar el importe cobrado de más. Ahora, la Plataforma reclama que la prescripción sobre esas reclamaciones no realizadas no prescribía en 2010, sino en 2014, cuando culminaba el plazo para efectuar las reclamaciones.