La inquietud sobre las inversiones en las redes pone en entredicho el proceso de electrificación

Una información publicada esta semana por el Diario El Economista asegura que las compañías eléctricas habrían decidido un severo recorte de sus inversiones en las redes eléctricas, como efecto tras la aprobación de la nueva metodología de retribución aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha generado una gran polémica en el sector, principalmente por dos razones: el enorme desacuerdo interno en la propia CNMC en relación con dicho modelo retributivo y el rechazo frontal que ha provocado en las grandes eléctricas, que consideran que retribuye muy deficientemente esas inversiones y que señalan además que supone “un paso atrás en la seguridad jurídica y regulatoria de España”.

En la información de El Economista se señala que “la reducción responde a la baja retribución fijada por la CNMC, que las eléctricas llevarán a los tribunales” y también que esa decisión de reducir las inversiones “agrava la situación de una red de distribución con el 88 % de su capacidad saturada. En concreto, el plan de reducción que estarían elaborando Endesa, Iberdrola y EDP significaría un recorte de las inversiones de entre 2.600 y 2.800 millones de euros durante los próximos tres años.

Fuerte crecimiento de la demanda en electrificación frente a una red saturada

El problema es que este paso atrás llegaría en un momento en el que el objetivo es el contrario para acelerar el proceso de electrificación. Las eléctricas habían solicitado una Tasa de Retribución Financiera entre el 7 y el 8 por ciento, pero lo aprobado por la CNMC la sitúa en el 6,58 %. Además, la metodología tampoco se corresponde con los deseos de las grandes eléctricas. Todo ello ha provocado severas críticas por parte de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, que consideran que la reforma se ha llevado a cabo “sin un proceso suficiente de diálogo ni de contraste técnico con el sector”. En este sentido, lo previsto es que recurran las medidas ante los tribunales.

Pero es que, además, todo ocurre en un momento de colapso en la red. Los datos de acceso y conexión a cierre de 2025 señalan que sólo se han podido otorgar en torno a 12 GW en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda y con una red de distribución claramente saturada en muchas zonas. Un detalle que vendría a demostrar que el problema para el proceso de electrificación no es tanto la falta de proyectos, como la insuficiente capacidad de las redes para absorber nueva demanda.

3 de los 4 votos particulares alertan del riesgo para el sistema que supone la nueva metodología

Y el dato final que más acaba poniendo en entredicho la decisión de Competencia tiene que ver con la evidente disensión interna a la hora de aprobar la nueva norma, que ha desembocado en la presentación de hasta cuatro votos particulares, tres de los cuales alertan de los riesgos que supone para el sistema, además de un cuestionamiento frontal de esa misma división por parte del Consejo de Estado. En un reciente artículo de opinión en el Diario El País, el especialista económico Andreu Missé, se hacía eco de las grandes diferencias habidas en el seno del regulador y señalaba que “el vicepresidente de la propia CNMC, Ángel García Castillejo, y los consejeros Josep Maria Salas Prat y María Jesús Martín Martínez, sostienen que las observaciones del Consejo de Estado no han sido recogidas adecuadamente”. Además, añade que el propio vicepresidente García Castillejo se hacía eco de “la grave falta de diálogo real con el sector”.

En medio de este fuego cruzado se sitúa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyas orientaciones de política energética no estarían en consonancia con lo aprobado por Competencia. El Miteco valoró por ejemplo que la citada Tasa de Retribución Financiera “es uno de los elementos clave para esta transición, al contribuir al despliegue de la infraestructura necesaria para integrar en el sistema las nuevas demandas y la nueva generación renovable».