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Una imagen de la rueda de prensa, celebrada en la sede de Savia Solar

Un estudio del Observatorio de la Deuda de la Globalización, con la colaboración de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético evalúa al detalle los “pagos ilegítimos” realizados al sector eléctrico en los años de la liberalización del sector, entre 1998 y 2013.

El análisis fue presentado en una rueda de prensa la semana pasada en Madrid por el investigador de ODG, Pablo Cotarelo, y la coordinadora de la Plataforma, Cote Romero. En él se estima que la deuda total se sitúa entre 66.097 millones y 76.680 millones de euros, aunque como muchos de los pagos remiten a muchos años antes, el valor de los mismos al precio actual del dinero estaría entre los 81.709 y los 103.899 millones de euros.

El estudio tenía como objetivo inicial conocer el reparto de las cargas del sector eléctrico, un ejercicio de transparencia para permitir establecer las bases del debate sobre la legitimidad de cada uno de dichos pagos. La crisis económica ha acentuado críticamente el interés de la población por acceder a esos datos y debatir acerca del reparto de las cargas y su justificación. En definitiva, el estudio “pretende ofrecer respuestas a la cuestión de si los pagos al sector eléctrico tras su liberalización responden a los intereses de la ciudadanía, o si por el contrario los dañan o ponen en riesgo sus derechos fundamentales”.

Esquema de funcionamiento del mercado eléctricoEsquema de funcionamiento del mercado eléctrico

 

Análisis en 3 niveles

El estudio se ha realizado para los tres niveles de la economía:

  • Para la economía real, se analizan las componentes de la tarifa eléctrica a través de las cuales se han realizado pagos desde los usuarios al sector eléctrico.
  • El tramo de la economía financiera se refiere a la subasta CESUR y a los apartados financieros del denominado déficit de la tarifa eléctrica.
  • En lo referente a la economía real-real, que comprende los flujos de energía y materiales, además de la tierra y el trabajo humano, se analiza la externalización de costes en forma de pasivos ambientales y sociales por parte del sector eléctrico español.

En el sector eléctrico es el Estado quien habilita el reconocimiento de los costes y deudas que han de ser pagados por la sociedad a través de la tarifa eléctrica, fundamentalmente. Para conocer su legitimidad hay que considerar si ese reconocimiento del Estado responde al interés de la población. Se consideran ilegítimos aquellos que generan fenómenos, mecanismos o comportamientos en favor de los intereses de una minoría, que violan los derechos humanos o el derecho al desarrollo, a la identidad o a vivir en un medio ambiente sano.

Componentes de la Tarifa EléctricaComponentes de la Tarifa Eléctrica

Los resultados más significativos sobre el análisis de legitimidad para cada uno de los tres niveles de la economía son los siguientes:

Economía real: la tarifa eléctrica

Tanto la componente regulada de la tarifa como la de mercado, así como los apartados que no corresponden estrictamente a ninguna de las anteriores, ofrecen resultados según los cuales se han hecho pagos que van contra los intereses de la población.

  • En la componente regulada los pagos que se podrían considerar ilegítimos por ser contrarios a los intereses populares son los asociados a:
    • la energía nuclear (6.100 millones de euros)
    • los pagos del denominado déficit de tarifa (13.169 millones)
    • los asociados al carbón (2.799 millones)
    • y los llamados costes de transición a la competencia (9.479 millones)
  • En segundo lugar, existen unos apartados que el estudio agrupa con el término Otros pagos de la tarifa eléctrica, no asignables estrictamente ni a la componente regulada ni a la de mercado. Estos son:
  • los llamados pagos por capacidad (15.607 millones)
    • la aplicación del impuesto de la electricidad al término de potencia y su IVA correspondiente (1.965 millones)
    • los pagos asociados a los contratos de interrumpibilidad (2.804 millones)
    • la recaudación por el alquiler de los contadores (3.943 millones)

Ninguno de ellos se corresponde con la prestación de un servicio que se pueda considerar fundamental para la ciudadanía.

  • Finalmente, la componente de mercado está altamente condicionada por el funcionamiento irregular del mercado diario, que fija en gran medida los precios de la electricidad. Debido a ello se dan resultados anómalos, como la generación de beneficios extraordinarios sin justificar para los propietarios de las centrales nucleares e hidroeléctricas más antiguas, los beneficios caídos del cielo (en inglés, windfall profits, 22.140 millones de euros).

Estos beneficios injustificados de las empresas, que resultan de la diferencia entre lo ingresado por estas instalaciones desde 1998 y lo que habrían percibido según el método anterior (Marco Legal Estable), también se considerarían ilegítimos.

Economía financiera: mecanismos de mercado

Los pagos que se han producido en el sector eléctrico asociados al nivel financiero de la economía se relacionan, principalmente, con la subasta CESUR y con los intereses del llamado déficit de tarifa.

En el primer caso, el gobierno reconoció a inicios de 2014 que los ciudadanos habían soportado un pago adicional injustificado a través de la factura eléctrica entre 2009 y 2013, causado por la subasta CESUR (1.605 millones de euros).

En el segundo, el pago de los intereses del déficit tarifario, debido a la emisión de bonos en el mercado financiero (su titulización), compromete recursos públicos futuros para el pago de unos intereses generados por una deuda que puede ser considerada ilegítima por haber sido generada de manera opaca e irregular.

Déficit de Tarifa anual reconocidoDéficit de Tarifa anual reconocido

Economía real-real: deuda ecológica

La relación entre el sector eléctrico español y la economía real-real permite concluir que su actividad, en la medida en la que sobrepasa los limites biofísicos y éticos, resulta insostenible. Esto significa que el sector eléctrico ha contraído una deuda ecológica porque los daños que produce se han demostrado irreparables pues afectan fundamentalmente a la salud de las personas, a su supervivencia y al sostenimiento de los ecosistemas.

Pagos ilegítimos al sector eléctrico

En total, el análisis cifra la deuda por pagos ilegítimos entre 66.097 millones y 76.680 millones de euros, como se citaba al inicio, aunque incluyendo la actualización de todos ellos a fecha de hoy, el importe total estaría entre los 81.709 y los 103.899 millones de euros.

Pagos Ilegítimos al sector eléctrico (1998-2013)Pagos Ilegítimos al sector eléctrico (1998-2013)

Insostenibilidad de las empresas eléctricas

A partir de esos datos, el estudio afirma que “los hechos recopilados indican que la historia reciente del sector eléctrico español es la historia de una crisis constante en la que las empresas requieren del apoyo público para sostenerse”.

“Una de las consecuencias del apoyo del Estado a las empresas es que éstas han terminado controladas por actores de carácter eminentemente financiero, y en el caso de las dos mayores empresas (Endesa e Iberdrola) por actores públicos extranjeros (Ministerio de Economía de Italia, en el primer caso, y fondo soberano de Qatar, en el segundo), que no se habrían visto atraídos si en la actividad no se hubiera contado con el ingreso de los pagos ilegítimos ya referidos”, concluye.

Auditoría del sector eléctrico

La solución propuesta por el estudio “para el problema detectado de opacidad y generación normalizada de pagos considerados ilegítimos debería comenzar por la realización de una auditoría pública con la ineludible participación ciudadana”.

Para el estudio “resulta insostenible socialmente que el Estado reconozca una transferencia de renta de la magnitud referida en condiciones de dudosa (en el mejor de los casos) legitimidad”.

Además, el estudio propone también que, “a partir de la auditoría del sector eléctrico, se establezcan las medidas necesarias para transitar hacia un modelo eléctrico más justo con las mayorías sociales y la garantía de sus derechos fundamentales. Dicho modelo deberá estar basado en la relocalización de la cadena de suministro energético, la autosuficiencia, y el reparto justo de las cargas ambientales y sociales a nivel global”.