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Economía

Antes de la sentencia, la Unión Europea considera “voluntaria” la renuncia de los intereses de demora

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Malas noticias para las pymes españolas que esperan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declare ilegal la renuncia a los intereses de demora. La abogada general del citado Tribunal, Eleanor Sharpston, dio a conocer la semana pasada las conclusiones con carácter previo a la resolución final, mostrándose contraria a que las AA.PP. tengan que liquidar a los 230.000 proveedores los intereses de demora devengados desde 2012 en los planes de pago que puso en marcha.

No obstante, la decisión no es vinculante porque hay que esperar a la sentencia definitiva del Tribunal. El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, confía en que “analice en profundidad la situación abusiva que supuso que los proveedores tuvieran que renunciar a los intereses de demora para poder cobrar su deuda sin esperar una larga demora sine die”, y afirma también que “esperamos que el TJUE reflexione sobre la naturaleza ‘voluntaria’ de la renuncia a los intereses y dicte sentencia declarando su ilegalidad”.

El informe de la abogada general del TJUE concluye que las normas comunitarias no se oponen al pago «acelerado» siempre y cuando el acreedor haya cumplido sus obligaciones establecidas en el contrato y que renuncie a su derecho al pago de los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro. El acreedor también puede negarse a adherirse a este mecanismo con el resultado de que conserva su derecho a los intereses y a la compensación, aunque es probable que tenga que esperar bastante más para cobrar.

A pesar de que la propia Comisión Europea intentó replicar vehementemente que, en cierto modo, el mecanismo no era voluntario y que, de hecho, los acreedores no tenían elección, la abogada sigue considerando la renuncia voluntaria, si bien señala que si la situación fuera de otro modo y el acreedor se viera sin opciones reales en este particular, consideraría que tal acuerdo infringiría los requisitos de la Directiva y sería “manifiestamente abusivo”. Para la PMcM, “resultan injustificables y sorprendentes las conclusiones de la abogada general”.

Si finalmente el fallo del TJUE fuera favorable, las Administraciones Públicas tendrían que pagar a unos 230.000 proveedores los intereses de demora devengados desde 2012 (unos 3.000 millones de euros), cuya renuncia fue impuesta por el artículo 9.2 del Real Decreto ley 4/2012 como condición inevitable si los acreedores querían cobrar sus facturas atrasadas en los planes de pago a proveedores. Mientras no haya una sentencia en firme, Antoni Cañete anima a los afectados a reclamar formalmente los intereses de demora para que, si la sentencia fuera favorable, pudieran recuperarlos al haber interrumpido su prescripción a tiempo.  Para muchos, el plazo cumpliría este mes de mayo. Dicha reclamación pueden efectuarla gratuitamente a través de la página web de la Plataforma.