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El resultado electoral permite vislumbrar elevadas opciones para un régimen que sancione la morosidad

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha celebrado que “las diferentes configuraciones de la mayoría parlamentaria del nuevo Gobierno en cualquiera de los escenarios permita la implantación del régimen sancionador”. Según su presidente, Antoni Cañete, “el nuevo Parlamento se vaya a configurar, de una manera o de otra, con partidos que tienen un compromiso con el régimen sancionador, y que en el mandato anterior manifestaron tratar este tema con máxima urgencia”. Cañete añade también que “como todos los partidos políticos han venido realizando declaraciones de apoyo a la mejora de la morosidad y a un régimen sancionador, ahora es el momento de pasar de las promesas a los hechos, porque nuestra economía y nuestras empresas no pueden esperar más; nos consta que los plazos de pago han empezado a empeorar, haciéndose su implementación más necesaria que nunca”.

Según el máximo responsable de la PMcM, para lograr que la lucha contra la morosidad sea una realidad efectiva, “el único camino es darle continuidad en el Congreso al trámite de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, que aprobó el Pleno de la Cámara por unanimidad hace casi dos años”. La norma contempla la promoción de códigos de buenas prácticas y la implantación de un sistema arbitral de morosidad, así como por supuesto de un régimen sancionador que permita multar a las empresas morosas. Además, todas las medidas se incluyen también en las recomendaciones que ha realizado recientemente la Comisión Europea para luchar en los estados miembros contra la lacra morosidad, especialmente grave en España según su último análisis.

Además, desde la Plataforma se quiere reivindicar también que la organización sea incluida en el Consejo Estatal de la Pyme, que ha elaborado recientemente el Marco Estratégico de la Pyme. Para Cañete “es incomprensible que no se cuente con la PMcM, una organización que representa a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros– y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos”.