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La Unión Europea recomienda implantar un régimen sancionador contra la morosidad en España

La Comisión Europea ha publicado un informe sobre la morosidad en las transacciones entre empresas (en inglés), en el que deja patente que las sanciones administrativas a los plazos de pago por encima de los límites legales son un medio eficaz para apoyar la aplicación de la legislación. El estudio valora positivamente que la Administración pueda sancionar directamente a las empresas, porque se evita así que el acreedor asuma la responsabilidad de actuar contra el deudor, esto es, que se enfrente a su cliente. Es por ello que algunos países ya los utilizan de manera general o bien de manera sectorial. Asimismo, la  Comisión Europea recomienda además su publicación, para incrementar su efecto disuasorio y contribuir a la transparencia del sistema.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad denuncia que en España el régimen sancionador siga parado en el Congreso de los Diputados, después de que la semana pasada “se paralizara de forma inexplicable”. Desde la PMcM aseguran que “la Ley parecía que iba a aprobarse antes del verano”, pero el cambio de Gobierno implicó que las comisiones se disolvieran y luego se creasen con nuevos integrantes, lo que obligó a retrasar el procedimiento hasta septiembre. Según Antoni Cañete, presidente de la Plataforma, “debido a esto, ya no se ha podido cumplir el compromiso de que el régimen sancionador esté en marcha este año”. La Ley comprende un sistema de multas de más de 800.000 euros para los que incumplan los plazos legales de pago en España.

Cañete asegura que el régimen sancionador es “la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad; con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.

El estudio elaborado por la Comisión Europea ofrece en su análisis diferentes estrategias para actuar contra la morosidad en los diversos Estados miembro. Entre las medidas preventivas propone el endurecimiento de los términos legales que afecten a los pagos, especialmente en los sectores más vulnerables, y la creación de organismos de observación, seguimiento y control de las prácticas de pago, tal como un Observatorio de la Morosidad. Además de la implantación de un régimen sancionador considera de especial importancia la existencia de sistemas alternativos a la mediación de conflictos, ágiles y baratos. Y aboga por último por tomar iniciativas que ayuden al cambio de la cultura empresarial en materia de plazos de pago. El informe de la Comisión está disponible en la siguiente dirección:

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c8b7391b-9b80-11e8-a408-01aa75ed71a1