Según una información aparecida recientemente en el Diario El País, el Ministerio para la Transición Ecológica consideraría que no hay suficiente vigilancia por parte de las comunidades autónomas para el establecimiento del debido número de puntos de recarga en gasolineras, según lo que demanda la Ley de Cambio Climático, que establece según diversos criterios que alrededor de un millar de estaciones de servicio ya deben disponer de dichos cargadores.
En concreto, lo que dispone la Ley de Cambio Climático es que deben contar con un punto de recarga de potencia igual o superior a 150 kilovatios, las gasolineras con ventas superiores a los 10 millones de litros de gasolinas y gasóleos, es decir alrededor de doscientas. Además, deben disponer de punto de recarga de potencia igual o superior a 50 kW, las gasolineras que sobrepasen los 5 millones en ventas, así como todas aquellas que aunque no los alcancen, sí lideren las ventas de las provincias, islas o ciudades autónomas en que se hallen. Estos dos últimos grupos englobarían a más de 800 gasolineras.
La información aparecida en El País alude también a un estudio interno, según el cual han constatado que casi un millar de estas gasolineras ya disponen de puntos de recarga, pero no coinciden necesariamente con las obligadas por la ley a disponer de él. Este recuento, el diario cuantifica en 915 las gasolineras de Repsol con punto de recarga, 70 más de Moeve y alrededor de un centenar de BP. También valora que las dos primeras tienen 450 y 200 más a la espera de conexión, respectivamente. Cifras todavía menores en comparación con el parque total de estaciones de servicio, que se sitúa en el entorno de las 12.000 en todo el país.
El enfado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico vendría ejemplificado por un documento enviado a las comunidades autónomas por su titular, la vicepresidenta Sara Aagesen, en el que les recuerda que no están llevando a cabo su labor en lo que se refiere al cumplimiento de la ley en este sentido, que les obliga a adoptar las medidas necesarias para controlar el cumplimiento de la norma. Además, les pedía un informe para detallar el grado de cumplimiento, pero sólo los gobiernos de Navarra y Castilla y León lo habrían hecho. Según la Ley, las comunidades también deben impulsar la inspección de los cargadores en estaciones de servicio, revisar los puntos de recarga en aparcamientos y estudiar la habilitación de las distribuidoras para que puedan ejecutar las conexiones de la infraestructura de recarga bajo la modalidad de comunicación previa, lo que facilita los pasos.
Según los datos de la patronal Aedive, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, la red de infraestructuras de recarga de acceso público operativas en España alcanzó los 43.559 puntos en el primer trimestre de 2025. El dato supone un crecimiento del 7,7 % en comparación con el último trimestre de 2024 y un aumento del 35,2 % interanual. Además, la propia asociación valora también que su tasa de ocupación media es lo suficientemente baja como para estar convencidos de que la red actual es más que suficiente para solventar las necesidades del parque eléctrico actual.
