Varias asociaciones empresariales y ONG´s ambientales se han dirigido al Gobierno de España a través de una carta conjunta para pedir al ejecutivo un “paquete coherente de medidas para acelerar la transición energética y ecológica de la automoción” en nuestro país. El objetivo es impulsar la electromovilidad e incrementar la penetración del vehículo eléctrico en el Estado, pero conservando el empleo y la capacidad industrial y de producción de España.
Los promotores de la iniciativa son asociaciones como Aedive, Anfac, Ecodes, Faconauto, la Fundación Renovables, Ganvam y T&E, y entre las actuaciones prioritarias para incentivar la electrificación y descarbonización de la movilidad que proponen al Gobierno destacan las siguientes:
- Coordinación de todos los ministerios implicados a través de la Presidencia del Gobierno.
- Reformar la fiscalidad de los vehículos a través de medidas, como, por ejemplo, aquellas dirigidas al canal empresa, y las ayudas y subvenciones a la compra de vehículos eléctricos, teniendo en cuenta criterios ambientales, para que sean recibidas por el consumidor y empresas de forma directa, sencilla y previsible.
- Un Plan Nacional de Infraestructura de Recarga que aborde los problemas específicos de España, como podrían ser las áreas de baja densidad de población y el acceso a la recarga de la población urbana careciente de plaza privada de aparcamiento y crear un Centro Estatal para el despliegue de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos encargado de la coordinación y la gobernanza.
- Implementación del mecanismo de eCredits antes de finales del año 2024.
- Una hoja de ruta para el sector de automoción de aquí al año 2035.
La carta que está dirigida al presidente del Gobierno, ha sido enviada también a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Industria y Turismo y Economía, Comercio y Empresa.
El sector del automóvil supone para España cerca del 10 % del PIB y del 9 % del empleo, con un 90 % de la producción dedicado a la exportación, siendo además el segundo país europeo en cuanto a fabricación de automóviles. Una realidad que contrasta con la decimonovena plaza (de 27 países europeos) que ocupó España en el año 2023 en cuanto a porcentaje de matriculaciones de vehículos eléctricos, lo que supone un riesgo para el futuro. Sin embargo, España se ha fijado alcanzar los 5,5 millones de estos vehículos para 2030 y, además, la Unión Europea ha establecido 2035 como fecha límite para comercializar vehículos que no sean de cero emisiones. Por eso, las organizaciones firmantes consideran que nuestro país necesita actuar con urgencia y poner los medios necesarios para lograrlo.
Medidas fiscales, ayudas directas e inmediatas y agilizar los trámites
Proponen adoptar medidas fiscales que faciliten la penetración del vehículo eléctrico, siguiendo el ejemplo de otros países de la Unión Europea como Portugal. Además permitiría satisfacer la exigencia de la UE de llevar a cabo una reforma fiscal en nuestro país. También abogan para que las ayudas al consumidor sean directas e inmediatas y consideran que los esfuerzos para mejorar la infraestructura de recarga deben ir encaminados a agilizar los trámites para la instalación de cargadores públicos. Proponen, además, un sistema de “ventanilla única” y un plan similar al de Alemania o Gran Bretaña, haciendo especial hincapié en el diseño de soluciones para las zonas de baja densidad de población, así como a la población urbana sin plaza privada de aparcamiento. Finalmente valoran que promover la movilidad eléctrica significa garantizar el trabajo actual y futuro de calidad y los nuevos empleos asociados a toda la cadena de valor.
