La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica ha lanzado una alarma preocupante sobre las consecuencias que supone el rechazo parlamentario a la Ley Ómnibus, en la que, entre otras medidas, se incluía la ampliación de las ayudas a la movilidad eléctrica. Su no aprobación, según Aedive, pone en riesgo inversiones mil millonarias y una parte estratégica del futuro económico, industrial, empresarial, energético y tecnológico en España.
Por todo ello, el clúster que agrupa a la industria de la movilidad eléctrica pide a la clase política estar a la altura de la ciudadanía, del tejido empresarial e industrial de España, con acuerdos que permitan aprobar un nuevo paquete de ayudas que evite la parálisis del mercado, competitividad y empleos. El pasado 22 de enero, la Ley Ómnibus no logró pasar su examen en el Congreso de los Diputados, porque el Gobierno no logró una mayoría suficiente para su aprobación y supuso el rechazo parlamentario a la ampliación de las ayudas para el vehículo eléctrico. Ahora Aedive reclama a la clase política “racionalidad, altura de miras y acuerdos rápidos para reactivar un plan de incentivos eficiente, a semejanza del MOVES 3, para mantener los compromisos adquiridos por las empresas con sus clientes y dar continuidad al compromiso trasladado por el Gobierno el pasado diciembre”.
“Compromete el futuro en la automoción en España”
Desde la asociación se argumenta que después de que se anunciara la ampliación del plan hasta junio de 2025, “las matriculaciones han experimentado en enero un crecimiento importante del 60 % en vehículos eléctricos de batería; del 36 % en híbridos enchufables y del 100 % en el canal de particulares”, pero añaden también que”hasta que el pasado día 22 se reprobó la Ley Ómnibus, provocando un parón casi total del mercado”. Lo que desde Aedive se sostiene es que las consecuencias suponen una “verdadera catástrofe en términos económico, industrial, empresarial, tecnológico, energético y medioambiental” y que “compromete el futuro de la automoción en España, en un momento muy delicado a nivel geopolítico, en el que resulta imprescindible promover, desde la política, certidumbre y predictibilidad a las inversiones y al propio mercado”.
Además, para la asociación “hace imposible el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, y pone en riesgo una inversión privada cercana a 60.000 millones de euros, necesaria para llegar a esos objetivos”. Aedive considera que “el vehículo eléctrico supone para España un proyecto estratégico” que “es motor de crecimiento económico, innovación tecnológica, eficiencia energética e independencia geopolítica”. Asimismo valora las “ventajas logísticas” de nuestro país y su referencia en la industria de automoción, pero también en la fabricación de puntos de recarga y equipamiento eléctrico, gigafactorías, fábricas de reciclaje de baterías; de almacenamiento energético con baterías de segunda vida, y de reservas de litio, cobalto, cobre, níquel, aluminio y otras materias primas estratégicas”. También menciona la exportación, el 90 % de la producción de vehículos, como factor “que hace imprescindible reforzar a su cadena industrial y tecnológica para competir en condiciones con otros mercados”.
7 medidas fiscales de apoyo
En esta línea, la asociación propone 7 medidas fiscales de apoyo:
– Deducción del 21 % en el IRPF del valor de compra de vehículos eléctricos, hasta 45.000 euros de base máxima.
– Deducción del 35 % en el IRPF del valor de la instalación del punto de recarga de vehículo eléctrico, hasta 3.000 euros de base máxima.
– Deducción del 35 % en el IRPF en el Impuesto de Sociedades en la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público, hasta 100.000 euros por punto de carga; y hasta un importe de 200.000 euros si incorporan soluciones de almacenamiento energético de respaldo.
– Libertad de amortización en el cálculo del Impuesto de Sociedades para todas las inversiones en movilidad cero emisiones, incluyendo vehículos eléctricos y/o las infraestructuras de recarga.
– Supresión de los impuestos en la retribución en especie por el uso de vehículos cero emisiones propiedad de la empresa o en renting, eliminando cualquier limitación en el techo de precio de compra.
– Bono por achatarramiento de 2.000 euros para uso en servicios de movilidad compartida eléctrica (bicicletas, motos y coches).
– Seguir mejorando el sistema de certificados de ahorro energético (CAEs) en el ámbito de la movilidad eléctrica y agilizar su tramitación.
