La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha analizado, por petición de la Secretaría para la Unidad de Mercado (SECUM), los posibles obstáculos que existen en España para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos y ha concluido que en los casos de las administraciones públicas sólo pueden exigir una declaración responsable porque reclamar una licencia o autorización previa vulnera la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM).
Sólo se permite una licencia o autorización previa si las infraestructuras eléctricas están situadas en edificios de interés cultural o si tienen una potencia superior a 3.000 kW. En el resto de casos, las administraciones públicas solo pueden exigir una declaración responsable. Por ello, la CNMC sugiere pedir a las administraciones públicas que ajusten sus actuaciones a la LGUM y la regulación sectorial.
La SECUM ha conocido estas barreras a través de Aedive, Asociación de Empresas para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico y de los resultados de la Consulta pública de la CNMC sobre este sector. Desde la propia asociación se destaca lo relevante que resulta que “las administraciones públicas cuenten con las asociaciones sectoriales como Aedive para aglutinar las cuestiones y demandas de los sectores implicados, a fin de agilizar el flujo de información y ganar efectividad”. Y esta colaboración se ha plasmado en este dictamen de Competencia que, según su director general, Arturo Pérez de Lucía, “hace posible despejar algunas barreras burocráticas en el despliegue de infraestructuras de recarga pública”.
El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales permite que la licitación obligue a reducir el precio que paga el consumidor por recargar su vehículo eléctrico. Según la CNMC, este requisito se justifica en la razón imperiosa de interés general de tutela de los derechos de los usuarios o consumidores finales, así como de la protección del medio ambiente (artículo 5 de la LGUM).
Desde Aedive señalan también que seguirán “trabajando intensamente para que el despliegue de puntos de recarga pública de vehículos eléctricos siga avanzando, habida cuenta del objetivo del PNIEC de alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos matriculados a 2030”, y añaden que “en este ámbito, la labor de los operadores de recarga (CPO), la supresión de ciertas barreras regulatorias en el marco del GTIRVE y un mayor conocimiento de los procedimientos están permitiendo agilizar la puesta en marcha y funcionamiento de este tipo de infraestructuras de recarga en España”.
