Las nuevas medidas contra la crisis energética

El Gobierno aprobó el martes un Real Decreto-ley para dar cumplimiento a 18 de las 73 medidas del Plan Más Seguridad Energética, de tal forma que permite conocer en detalle cómo y quiénes podrán beneficiarse de dichas medidas de ayuda para reducir su gasto energético. Entre las nuevas medidas para luchar contra la crisis energética destaca la extensión de las tarifas reguladas de calefacción con gas a todos los hogares del país, con el nacimiento de una nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) para las calderas comunitarias, y la aplicación de un descuento del 40 % en la factura eléctrica para familias trabajadoras con bajos ingresos afectadas por la crisis. También destacan una mayor protección para los consumidores vulnerables, más impulso a la eficiencia energética –especialmente en alumbrado exterior– y más fomento de las renovables y el autoconsumo.

Con esa nueva TUR de ahorro vecinal hasta finales del año próximo, la factura de la calefacción de 1,7 millones de hogares con calderas comunitarias podrá bajar un 50 %, y así situarse en un nivel de protección similar al de los hogares con calefacción individual. La nueva tarifa cubrirá el equivalente al consumo medio de la comunidad de los últimos cinco años y ésta, para fomentar la eficiencia energética, tendrá que instalar contadores individuales o repartidores de costes antes de octubre de 2023, a menos que estén eximidas por inviabilidad técnica; en caso contrario, se aplicará un recargo del 25 % en el término variable sobre el consumo desde el momento en que la comunidad se acogió a la TUR.

Aumenta también la dotación del bono social térmico hasta alcanzar los 453 millones en cada año, haciéndolo también la cuantía mínima de la ayuda desde los 25 hasta los 40 euros anuales y la ayuda media –varía según la zona climática– que se eleva hasta los 375 euros anuales por beneficiario.

Umbrales de renta para acogerse al descuento del 40 % en la factura

Por otro lado, alrededor de 1,5 millones de hogares podrán acogerse al nuevo bono de justicia energética, con descuentos del 40 % en la factura de la luz, con carácter temporal y también hasta finales de 2023. Está indicado para hogares trabajadores con bajos ingresos, en concreto todos aquellos cuya renta se sitúe entre 1,5 y dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, con los multiplicadores aplicados al bono social convencional.

A modo de ejemplo, en 2023 podrán acogerse al nuevo bono de justicia energética un adulto con una renta inferior a 16.800 euros anuales o una familia de cuatro miembros con una renta inferior a 27.720 euros anuales, según se recoge en la siguiente tabla:

Umbrales de renta para el Bono de Justicia Energética

También se han aumentado los descuentos del bono social preexistente, de modo que para los consumidores vulnerables pasa del 60 % al 65 %, mientras que para los consumidores vulnerables severos pasa del 70 % al 80 %. Y el volumen de energía anual sujeta al descuento se incrementa un 15 %, hasta los 1.587 kWh en una unidad de convivencia de una o dos personas y hasta los 4.761 kWh en una unidad de cinco o más.

Adicionalmente, la minoración de gas, que frena el alza de los precios de la electricidad para los consumidores por encima de los 67 €/MWh, aprobada en septiembre de 2021, se prorroga hasta diciembre de 2023.

Incentivar el consumo responsable

A partir de ahora y para incentivar el consumo responsable, las facturas de luz y gas de hogares y pymes recogerán el consumo medio que se realiza en el mismo código postal. En el recibo de la luz se unificará la información facilitada por la compañía eléctrica sobre la aplicación del Mecanismo Ibérico y el de gas recogerá un código QR vinculado a la página del comparador de tarifas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Hasta diciembre de 2023 las empresas y los autónomos podrán modificar su potencia contratada más de una vez en un plazo inferior a los 12 meses habituales. La flexibilidad en los contratos industriales de gas natural se prorroga también hasta diciembre del año que viene. Asimismo se dotará una partida de 40 millones para sustituir contadores analógicos de gas por contadores digitales en hogares y pymes, sin incremento del coste del alquiler para estos consumidores, fomentando el ahorro de los pequeños consumidores.

Aumento de la distancia entre punto de generación y autoconsumo

El plan quiere también dar un nuevo impulso al autoconsumo y las comunidades energéticas gracias a que aumenta la distancia entre punto de generación y autoconsumo en líneas de transporte o distribución hasta un kilómetro para instalaciones en cubierta, al permitirse más de una instalación en una misma referencia catastral –evitando limitaciones al crecimiento en lugares donde ya haya una planta– y con otras medidas, como simplificando la tramitación de las instalaciones: se aumenta de 100 kW a 500 kW el tamaño de la planta exenta de obtener la autorización previa y la de construcción.

Eficiencia del alumbrado público

Por último y con respecto al alumbrado público, aumentan los requisitos mínimos de eficiencia un 119 % para el alumbrado funcional y un 163 % para el alumbrado ambiental. Asimismo se actualiza el sistema de etiquetado mediante letras, de modo que sólo lo más eficiente se califique como “A” o “B” y que así la información final del usuario resulte más realista con respecto a la eficiencia. El nuevo reglamento afectará a la iluminación pública (carreteras y calles), lo que incluye la de las administraciones y la de agentes privados que iluminen espacios públicos. Será voluntario desde su publicación y obligatorio para los proyectos que se inicien el 1 de enero; los que se hayan iniciado antes, tienen un año máximo para concluirse.

El alumbrado exterior municipal consume unos 5.200 GWh anuales, un 2 % del consumo eléctrico nacional y la reforma permitirá un ahorro de energía del orden del 6 5% para un mismo servicio de iluminación. En España hay más de ocho millones de puntos de luz exterior, de los que sólo se ha sustituido por LED un 30 %.