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OCU denuncia el “abuso continuado a los consumidores” en el mercado energético

OCU acaba de poner en marcha una campaña para “darle la vuelta al mercado de la energía y mejorar la posición del consumidor”. Mejorar la información que tienen los consumidores “sobre un mercado complicado y en muchas ocasiones hostil”, es el principal objetivo de la organización, que denuncia que en diez años la luz ha subido un 32% y el gas un 12,6%. Además, según la OCU sólo un tercio de las familias con dificultades para pagar sus recibos de gas y electricidad ha accedido al bono social. Pide también “la revisión del sistema de fijación de precios de la energía, más transparencia en la información de tarifas y la revisión de los impuestos que se pagan en recibo incluyendo una bajada del IVA de la electricidad”.

Lo que la OCU define como “abuso continuado a los consumidores en un mercado cada vez más agresivo”, se sustenta también en que “a pesar del tiempo transcurrido desde la liberalización, la estructura del mercado ha cambiado muy poco. Sigue siendo un oligopolio donde el 93% de los consumidores está en manos de 5 grandes grupos energéticos, y donde el 78,6% de los consumidores según la CNMC no conoce la diferencia entre el mercado libre y el mercado regulado”.

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Desde que se aprobase la Tarifa de Último Recurso, hace diez años, hoy en día PVPC, la factura de la luz ha crecido un 34%. En enero de 2009 un hogar medio pagaba 602 euros al año por el suministro de electricidad, mientras en enero de 2019 la factura media ascendía a 807 euros, un incremento de más de 200 euros, lo que supone el triple que el IPC, (un 12,4%) y un encarecimiento que afecta más a las familias con menos recursos. En el caso del gas, la subida ha sido más moderada, el 12,6%, y en línea con la subida del índice general de precios. Este incremento hace que nuestro país se situé entre los países con una factura más cara, solo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda. El déficit de tarifa heredado, la abultada factura de los peajes y otros cargos y un sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad que otorga beneficios extraordinarios a las empresas en detrimento de los consumidores, son algunas de las razones según la OCU.

La organización también aborda el descenso del número de beneficiarios en lo relativo al Bono Social, un 17% de los hogares tienen muy difícil o imposible hacer frente a las facturas  y hay más de 3.140.000 familias en situación de pobreza energética, aunque sólo 1.112.000 familias disfrutan en la actualidad del citado bono social.

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Durante la campaña OCU emprenderá acciones para ayudar a los consumidores a entender su factura de la luz, intentar ahorrar en la misma o facilitar el acceso al bono social a sus beneficiarios. La organización también pide el apoyo de los consumidores a una serie de medidas encaminadas a lograr una mejora de las condiciones de los usuarios en el mercado, entre ellas la campaña de compra colectiva, que quiere permitir a los usuarios acceder a una tarifa más competitiva y que en la pasada edición permitió un ahorro medio de 148 euros anuales en la factura.

Las medidas concretas que hace explícita la campaña son las siguientes:

  1. No a las manipulaciones del mercado. Mayor control y un régimen sancionador más eficaz.
  1. Revisión de sistema de precios mayorista. Para evitar los beneficios extraordinarios de unas tecnologías de producción frente a otras.
  1. Revisión y redistribución de las tarifas de acceso. A día de hoy, los pequeños consumidores asumen el 75% de las tarifas de acceso, en un sistema que favorece a las grandes empresas.
  1. Revisión del IVA de la electricidad. El tipo impositivo del 21% debería revisarse a la baja, aplicando tipos reducidos.
  1. Eliminación del Impuesto de la Electricidad. Nació con una finalidad concreta que ya ha desaparecido, pero sigue vigente y eleva la factura eléctrica en un 5,11%.
  1. Impulso al Bono Social. Simplificar su proceso para un acceso más rápido de las familias que lo necesitan.
  1. Apuesta por la eficiencia energética. Hay que facilitar que las nuevas oportunidades para el ahorro energético se trasladen al consumidor final.
  1. Mejora de la transparencia. En las tarifas que las comercializadores aplican en las revisiones de contrato a sus clientes.
  1. Fomento a la competencia. Adoptar medidas efectivas de impulso a la competencia en un sector en el que los grandes grupos energéticos siguen conservando una posición de dominio en sus áreas de distribución.
  1. Nuevas relaciones. Redefinición de las relaciones consumidor-distribuidora-comercializadora incluyendo a futuros agentes del mercado energético.