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La deuda del sistema eléctrico se redujo un 12 % en 2019

Según los datos publicados por la CNMC en el informe sobre el estado de la deuda del sistema eléctrico en España, su cuantía se redujo un 12 % el pasado año, hasta situarse en los 16.602 millones de euros. Desde el año 2014 el sistema registra superávit, si bien es cierto que cada año es menor. El agregado desde ese año es de 1.687,5 de euros, de los que 649,8 millones se han destinado a la aplicación de determinadas sentencias referidas al bono social, purines y otros proyectos de energías renovables en territorios no peninsulares.

Esta evolución en los últimos años ha permitido reducir una cifra, cuya anualidad del pago en 2020 ascenderá a unos 2.721,6 millones. Por su parte, el déficit pendiente de 2005 (291,4 millones) se liquidará definitivamente con la anualidad de este ejercicio. La deuda nació como consecuencia de los insuficientes ingresos del sistema eléctrico español para cubrir sus costes entre los años 2000 y 2013.

En la actualidad, existen 4 categorías de derechos de cobro de la deuda del sistema eléctrico: el citado Déficit 2005, los derechos de cobro de los adjudicatarios de la 2ª subasta del Déficit Ex ante, los derechos de cobro del Déficit 2013 y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). Este último representa el 82,8 % del importe total pendiente de cobro a final del año recién concluido, seguido del derecho de cobro del Déficit 2013, con un 13,5 %. Los tenedores de derechos de cobro son el FADE, con su porcentaje referido, las entidades financieras, con un 10,4 %, vehículos de titulización extranjeros, con un 4,9 % y el Instituto de Crédito Oficial, que tiene el 2 %.

Si la cifra total de la deuda del sistema eléctrico se divide entre la población total, obtendríamos una cifra aproximada entre 350 y 400 euros por habitante, mientras que sólo los intereses de la deuda estimados para 2020 serían alrededor de 8,5 euros más por habitante, dado que suman 397,7 millones de euros. Aun así son 200 millones menos que los abonados en 2018.