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El Estado debe devolver a las eléctricas 500 millones de euros por el cobro del canon hidráulico

El Gobierno deberá devolver a las compañías eléctricas 500 millones que pagaron por el cobro indebido del canon hidráulico, que se aplicaba al empleo de aguas para la producción de energía eléctrica, en 2014. Así lo ha dictado el Tribunal Supremo, cuya sentencia dicta que el decreto 198/2015 por el que se regula el citado canon está de acuerdo a la ley, pero no se puede aplicar con carácter retroactivo.

 

Ese carácter retroactivo había sido una decisión del gobierno, por entonces encabezado por Mariano Rajoy, que aplicó el impuesto en 2015, pero con efecto desde 2013, circunstancia que es la que ahora anula el Supremo, mientras que valida la aplicación desde marzo de 2015. La devolución se la repartirán sobre todo las eléctricas mayoritarias, Iberdrola y Endesa, además de la compañía Acciona. La decisión del Gobierno había sido recurrida por la patronal eléctrica, porque consideraban que el canon retroactivo era inconstitucional. Además de dictar sentencia contra la retroactividad, el Supremo aprecia también una extralimitación reglamentaria, en la medida en que el Gobierno no disponía de respaldo legal para imponer la autoliquidación del canon a los sujetos pasivos cuando sus títulos concesionales no se han adaptado a su regulación. La devolución de las cantidades no debería, en principio, afectar a la factura, porque implica a Hacienda, que será la encargada de hacerlas efectivas.

 

Una medida para atajar el déficit de tarifa

El Gobierno aprobó el citado real decreto con el fin de ponerle remedio al elevado déficit de tarifa, que por entonces superaba los 30.000 millones de euros y que había sido consecuencia de la asunción de una deuda aplazada con las compañías eléctricas tras reconocer el Gobierno de José María Aznar que la tarifa eléctrica no cubría en aquel momento los costes de producción que las eléctricas aducían.

El déficit de tarifa fue creciendo cada año hasta llegar a la cifra antes mencionada en 2013, aunque desde entonces se ha ido reduciendo y los datos con respecto a 2020 lo sitúan en algo más de 14.000 millones de euros. Sin embargo, en los últimos dos ejercicios el resultado de la balanza vuelve a ser negativo, según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.