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Controversia en torno a la fecha del apagón nuclear

El futuro de la energía nuclear en España es un rompecabezas en cuya resolución interviene factores muy distintos e incluso a veces contradictorios entre sí. Según las previsiones de Enresa, que es la sociedad pública a la que se ha asignado gestionar los residuos nucleares, el almacén para contenerlos podría estar en marcha dentro de sólo 6 años, en 2024. Sin embargo, las centrales nucleares también consideran que el caos burocrático y de organización que puede suponer la gestión de dichos residuos y su propio desmontaje, retrasarían esa fecha dos décadas más, hasta el año 2045.  Tal y como opina la patronal Foro Nuclear, el retraso que acumula el propio (ATC) almacén temporal de Villar de Cañas, en Cuenca, cuyas obras aún no se han iniciado como consecuencia del conflicto legal existente para su construcción,  obliga a retrasar el cierre de centrales, de tal forma que hasta 2032 no podría hacerlo la siguiente, y las siguientes deberían hacerlo de modo escalonado. Todo ello aunque la vigencia de las licencias de explotación de los siete reactores nucleares en uso ahora mismo vencen entre 2020 y 2024.

Según el Plan General de Residuos Radiactivos, cuya última edición data de 2006 y es ya muy antigua, la situación ideal para gestionar los residuos radiactivos de modo correcto pasa por no iniciar el cierre de las centrales nucleares en vigor al menos hasta 7 u 8 años después de la puesta en marcha del cementerio nuclear.

Así las cosas, el propio sector nuclear aboga por otorgar protagonismo a las centrales en la transición energética necesaria para luchar contra el cambio climático, porque no emiten CO2, ayudan a garantizar el suministro gracias a su producción constante y permiten contener el precio de la electricidad porque entran en el mercado mayorista a precio cero. Aunque al mismo tiempo amenaza con cerrar las centrales debido a las pérdidas que llevan padeciendo años y a los impuestos que soportan.  Por otro lado, el desmantelamiento supone complicaciones por falta de personal y recursos y por las dificultades añadidas del transporte de residuos. El escalonamiento necesario de los cierres ayudaría a retrasar la fecha del apagón nuclear, hasta el citado 2045 o más tarde aún.

El Gobierno se prepara para vetar la clausura de cualquier tipo de central que estime necesaria para el sistema y además quiere que sean las propias eléctricas quienes asuman el coste del citado desmantelamiento, algo que éstas consideran inasumible. Actualmente este proceso se financia con un fondo cuyas tasas pagan las eléctricas, pero que no sirve para cubrir todos los costes previstos y, según Enresa, ya tendría un déficit por encima de los 1.500 millones de euros, aunque hay quien dobla ya esa cifra. Para paliarlo lo ideal, según la propia Enresa, sería ampliar su vida hasta los 50 años, o incluso los 60, de modo que el déficit se convirtiese en superávit. En ese punto y de cara a retrasar el cierre, las centrales exigen cambios en la normativa y una rebaja de impuestos que permita que sean viables económicamente, aunque el Gobierno duda de esa inviabilidad que afirman las eléctricas.